El portavoz del Ayuntamiento de Pontevedra, Raimundo González (BNG), ha negado "rotundamente" que los concejales del gobierno local hayan actuado como "mentores" para que amistades y familiares del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y varios ediles fuesen contratados por la empresa Cespa, compañía concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras en la ciudad de Pontevedra desde el año 1999.
Una providencia dictada el pasado jueves 1 de octubre por la jueza instructora de la operación Patos ha agregado al sumario un informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) en el que, citando un documento intervenido en la sede de Cespa, se evidenciarían diversas contrataciones de trabajadores que habrían sido sugeridas por políticos y técnicos municipales.
Entre los citados como "mentores" de estos supuestos enchufes están el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, la teniente de alcalde, Carmela Silva, y el propio portavoz del gobierno.
Los agentes concluyen que, en Pontevedra, constan como contratados unas 14 personas que, según el informe, habrían sido recomendados no sólo por políticos, sino también por diferentes técnicos municipales o incluso por un agente de la Policía Local.
"Para el gobierno municipal fue una sorpresa que aparezca nuestro nombre en esa relación", afirmó Raimundo González, que negó haber realizado cualquier influencia en los procesos de contratación de Cespa en Pontevedra.
Relacionado con cuatro personas
El propio Raimundo González aparece relacionado con cuatro personas, sobre lo que ha dicho que a tres de ellas, ni siquiera las "conoce". La cuarta sería la hija de un primo suyo de cuya contratación se enteró, dijo, "cuando ya estaba trabajando".
El edil del BNG señaló que van "a indagar" en la política de contratación que tiene esta empresa, porque, afirmó, el Ayuntamiento de Pontevedra está "sumamente interesado" en aclarar esta cuestión. En este sentido, ha manifestado que "es buen que se investigue todo lo que se tenga que investigar".
Tras destacar que "rumores hay muchos", no quiso menospreciar la investigación de las autoridades, porque "si lo dice la Policía, existirá ese listado".
Por ello, ha insistido en que, con independencia de que las actuaciones a nivel judicial no tengan recorrido en los juzgados, quieren que "se clarifique". Porque el gobierno municipal "no quieren que se den estas prácticas", ha concluido.