La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo ha dictado auto acordando la imputación de otras 46 personas en el marco de la operación Patos, al margen de las cinco que fueron detenidas en su día y que ya están imputadas, según ha podido confirmar Europa Press. Entre los imputados están el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán (PP); el alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSdeG); o la delegada de la Xunta, María José Bravo Bosch (PP), según ha podido confirmar Europa Press. Así, se elevarían a 34 los imputados en la denominada pieza principal, sobre la presunta comisión de delitos de prevaricación y tráfico de influencias en Vigo, en relación con la adjudicación de contratos públicos en diversas administraciones. A estos se suman otros 16 imputados en el caso de la investigación que se centra en presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Nigrán, para la que se ha creado una pieza separada, que se instruirá en el mismo juzgado.
La magistrada acepta la inmensa mayoría de las imputaciones propuestas por el fiscal e imputa a todas las personas que solicitaba el Ministerio Público, excepto a tres: el exalcalde de Nigrán Alberto Valverde; el secretario municipal del Ayuntamiento de Nigrán; y la presidenta de la asociación de vecinos Pedra Moura (en relación con una subvención).
Además de las cinco personas detenidas e imputadas en febrero de 2014 (dos trabajadores de Cespa; el dueño de Eiriña, Enrique Alonso, y su mano derecha; y el exedil de Vías y Obras de Nigrán, José Luis Álvarez), la lista de imputaciones se completa con otros políticos, funcionarios y técnicos, representantes de empresas, entre otros.
Imputados
En lo que respecta a la pieza principal, han sido imputados el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán; su jefe de gabinete; el exvicepresidente de este organismo y presidente local del PP, José Manuel Figueroa; la delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch; su jefe de gabinete; varios funcionarios de la Diputación; y también técnicos de la Xunta y el Puerto, además de empresarios.
Todos ellos han sido imputados en relación con presuntas irregularidades en la concesión de adjudicaciones y contratos públicos, así como por la recepción de regalos o prebendas. En el caso de los empresarios, se les acusa de prestarse a hacer presupuestos de 'acompañamiento' en licitaciones amañadas.
En el caso del Ayuntamiento de Vigo, la titular del juzgado de instrucción número siete ha imputado a los concejales de Jardines y Fomento, Ángel Rivas y David Regades, respectivamente, por su implicación de la concesión ilegal de ciertas obras, así como por recibir regalos.
También imputa, en este caso solo por la supuesta recepción de regalos, al alcalde olívico, Abel Caballero, recién elegido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a la concejal de Bienestar, Isaura Abelairas. A esta lista se suman varios funcionarios municipales.
Finalmente, en la investigación del Ayuntamiento de Nigrán, que se hará en una pieza separada, están imputados el exconcejal José Luis Álvarez, el exconcejal y empresario Vicente Costas Pumar, los miembros de los tribunales calificadores del plan de empleo, tres contratados de ese plan de empleo, y varios empresarios.
La juez ha establecido, como criterio en las imputaciones por la recepción de obsequios, la cantidad de 600 euros como límite máximo del valor de los regalos. Se trataría pues del valor máximo aceptable sin que se pueda considerar que hay una ilegalidad.
Además de estas imputaciones, el juzgado ha acordado requerir nueva documentación relacionada con este caso. De momento, no está fijada la fecha para la declaración de los imputados.
Piezas separadas
Al margen de las dos piezas que corresponden al partido judicial de Vigo, la jueza de instrucción siete se ha inhibido en favor de otros juzgados, en relación con parte de la investigación, que atañe a hechos cometidos en otras ciudades y en otras administraciones.
Así, parte del proceso se ha trasladado a los juzgados de Santiago, Orense, Pontevedra y Ponteareas, donde se decidirá, en su caso, a quien se imputa y el número de piezas que se abren. Así, existe la posibilidad de que haya nuevas imputaciones derivadas de la operación Patos.