El Ministerio Fiscal ha emitido un informe sobre la denominada operación Patos en el que pide que se tome declaración en calidad de imputados, además de a las personas detenidas en febrero de 2014, a otro medio centenar de empresarios, funcionarios y políticos, entre los que están el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; y varios de los concejales de la corporación olívica.
Según ese informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía solicita que, una vez que ya se ha levantado el secreto de sumario para las partes, la causa se divida en piezas separadas. Así, entiende que debe haber inhibiciones en favor de los juzgados de Ponteareas, Santiago, Orense y Pontevedra, en función de los hechos que se han investigado, y que implican a administraciones que tienen sede en estas localidades.
La operación Patos estalló en febrero de 2014 con las detenciones del que era concejal de Vías y Obras en Nigrán, José Álvarez Valverde; el dueño de la constructora Eiriña, Enrique A.P., y otro directivo de la empresa, Jaime A.V.; el delegado en Galicia de Cespa, Alfonso C., y un técnico de esta empresa, Juan Ramón A.G.
Además de los detenidos, se realizaron registros en las sedes de las empresas, en los ayuntamientos de Vigo, Nigrán, Ponteareas, Santiago, Pontevedra y Orense; en la delegación de la Xunta en la ciudad olívica, en el Consorcio del Casco Vello vigués, en la Diputación de Pontevedra y en varios domicilios.
En el procedimiento, que investiga la comisión de supuestos de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, y falsedad documental, se pone de manifiesto la existencia de una trama para beneficiar a ciertas empresas en la adjudicación de obras y contratos públicos, además de otras supuestas irregularidades.
Petición de imputaciones
Con respecto a los presuntos implicados en estos hechos, el fiscal reclama que se tome declaración como imputados a las personas que fueron detenidas, pero amplía la lista a otro medio centenar de empresarios, técnicos, funcionarios y políticos.
El Ministerio Público distingue entre una "pieza principal" (relacionada con los asuntos investigados en Vigo y en la Diputación de Pontevedra, pero vinculados con la ciudad olívica), una pieza separada para la investigación relacionada con el Ayuntamiento de Nigrán, y las piezas del resto de investigaciones que deberían dirimirse por parte de otros juzgados.
Así, en la relación de posibles imputados en la pieza principal figuran nombres vinculados a la Diputación de Pontevedra, como su expresidente, Rafael Louzán, y el que era su jefe de gabinete; el exvicepresidente del ente provincial José Manuel Figueroa; técnicos, empresarios y hasta una presidenta de una asociación vecinal. Todos ellos, en relación con la adjudicación de obras en varios municipios y, algunos, por la recepción de regalos.
En lo que respecta al Ayuntamiento de Vigo, solicita la comparecencia como imputados, de los concejales David Regades (responsable de Fomento en el Ayuntamiento) y Ángel Rivas (responsable de Parques y Jardines, y ya imputado en otra investigación sobre el suministro de hormigón a las obras municipales) por supuestas irregularidades en la tramitación de obras y por la recepción de regalos de empresas.
Del Ayuntamiento olívico, el fiscal también pide la imputación del alcalde, Abel Caballero, y de la concejala de Bienestar Social, Isaura Abelairas, por supuestamente haber recibido de empresas un reloj y una pluma Montblanc, y unas joyas y un bolígrafo Montblanc, respectivamente. A estas imputaciones se sumarían las de varios técnicos municipales, entre ellos, uno que ya está imputado en el 'caso hormigón'.
Otras imputaciones
También reclama que sean imputados, en relación con la Delegación de la Xunta en Vigo, la propia delegada, María José Bravo Bosch, por su "mediación" en favor de la empresa Eiriña ante la diputación, por adjudicaciones de obras, y por la concesión de un curso de formación, entre otras cuestiones, en las que también implica al jefe de gabinete de la delegada. En la lista de posibles imputados figuran también varios funcionarios y empresarios vinculados con esta delegación.
El fiscal considera oportuno también tomar declaración como imputados a un técnico de la Autoridad Portuaria de Vigo y a dos responsables de empresas que trabajaron para este organismo.
Por último, en cuanto a las investigaciones en Nigrán, Fiscalía solicita la comparecencia, en calidad de imputados, del exconcejal de Vías y Obras, José Álvarez Valverde; del exalcalde de Nigrán, Alberto Valverde; el que era secretario municipal; de varios empresarios que trabajaron para este ayuntamiento del Val Miñor; varios miembros de tribunales calificadores del plan de empleo; y contratados de ese plan de empleo.
Piezas separadas
El fiscal entiende que todo lo relativo a la adjudicación del mantenimiento y gestión de la estación de tratamiento de agua de Ponteareas, así como las obras en el río Tea y la justificación de gastos en el centro de día, deben remitirse al juzgado de esta localidad, ya que los hechos no tienen "conexión jurídica" con lo investigado en Vigo.
También propone que el juzgado de instrucción 7 de Vigo se inhiba a favor del juzgado de Santiago en lo que respecta a la investigación de Cespa en este ayuntamiento, y la del expediente de remodelación del centro de salud de Vilaboa (por ser un expediente del Sergas).
Con respecto a la investigación de obras y adjudicaciones en la ciudad de Pontevedra a la constructora Eiriña, considera el Fiscal que debe encargarse un juzgado de la ciudad del Lérez ya que, aunque el dueño de la empresa es uno de los principales implicados en los hechos que se investigan en Vigo, "resultan perfectamente separables al hacer referencia a funcionarios y autoridades" de la capital de la provincia.
Del mismo modo, pide que se traslade a los juzgados pontevedreses la investigación por un supuesto tráfico de influencias en relación con contrataciones en Cespa y las pesquisas por supuestas irregularidades en la tramitación de subvenciones a Ence.
Otras medidas
Por otra parte, el Ministerio Fiscal considera que hay hechos investigados en los que no se ha apreciado la existencia de ilícito penal, por lo que "resulta procedente una resolución expresa que así lo recoja". En concreto, se trata de varias obras adjudicadas por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y de la investigación de un procedimiento en el que estaría implicada la concesionaria Aqualia, para las que se pide el sobreseimiento.
Finalmente, Fiscalía reclama que se recabe más documentación relativa al expediente de contratación de la obra de reforma del estadio de Balaídos; obras del Consorcio del Casco Vello; y que la Policía Judicial realice nuevas averiguaciones sobre supuestas certificaciones falsas en relación con la destrucción de productos pesqueros de una empresa.