El grupo de asociaciones empresariales integradas en la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) que ha denunciado supuestas irregularidades en la elección del presidente de este organismo, Jorge Cebreiros, ha confirmado este miércoles que llevará ese proceso a los tribunales para denunciar lo que considera un "fraude".
En una rueda de prensa celebrada en un céntrico hotel de Vigo (después de que la CEP, según han explicado, les denegase una sala para comparecer ante los medios), una docena de representantes de varias asociaciones se han reafirmado en sus acusaciones de que hubo delegaciones de voto no válidas, de que la vicepresidencia de Territoriales se adjudicó a un miembro del equipo de Jorge Cebreiros sin amparo de los estatutos, y que se produjeron "presiones de representantes políticos" y de algunos empresarios en favor de la candidatura que resultó ganadora (y que se impuso a la de Luis Novoa por sólo tres votos).
La responsable de la Federación de Comercio y vicepresidenta de la CEP, Encarna Álvarez, ha señalado que el "interés" de este sector 'crítico' es "conocer la verdad" y que haya "una CEP limpia, transparente, sin autocontrataciones con el presidente, con voz propia y no secuestrada".
Por su parte, el presidente de Instaelectra, Ignacio Piñeiro, ha denunciado "injerencias" de algunos representantes empresariales "continuas e intensas" en favor de la candidatura de Cebreiros. Así, ha tachado de "insulto y vergüenza" la actitud del presidente de la Confederación Galega de Empresarios (CEG), José Manuel Fernández Alvariño, "que digo que se había mantenido imparcial, cuando fue el principal valedor de Cebreiros".
Presiones y amenazas
Piñeiro ha recalcaldo que Alvariño, y otros dirigentes empresariales (en referencia a Javier Garrido, del Círculo de Empresarios, y a José García Costas, presidente de la Cámara de Comercio) a los que no nombró expresamente "estuvieron llamando para presionar", y que incluso se produjeron "amenazas".
Además de esas presiones, ha desvelado que "se ofrecieron cargos a cambio del silencio", y ha subrayado que se les impidió tener acceso a las delegaciones de voto para comprobar su las firmas y los DNI eran válidos.
El presidente de ATRA, Enrique Fontán, ha explicado que "dado que no ha habido dimisiones", los críticos se ven "obligados a emprender las acciones legales pertinentes para limpiar el nombre de la CEP". Asimismo, ha manifestado su temor de que, en el lapso de tiempo que ha transcurrido desde las elecciones (celebradas el pasado 26 de febrero), se haya podido producir algún "cambiazo" en la documentación.
Finalmente, las asociaciones (que han insistido en que no se mueven "por un tema personal") ha reclamado que, en el comité directivo convocado para el próximo 16 de marzo, "de ninguna manera se nombren nuevos cargos", y que el control de la CEP vuelva a manos de la anterior directiva, en tanto no se resuelva la denuncia que van a presentar en una fecha que no han determinado.