La orden para la contratación de perceptores de la Renta de Inserción Social de Galicia (Risga) en ayuntamientos de la Comunidad gallega duplica este año su presupuesto, hasta alcanzar los 10 millones de euros, con los que la Xunta prevé llegar a más de un millar de beneficiarios, lo que representa en torno a un 10% del total de los adjudicatarios de dicha ayuda.
La Consellería de Traballo sufragará la totalidad de los costes salariales -incluida la cotización a la Seguridad Social- de unos contratos cuya duración será de siete meses, que estarán vinculados a la realización de obras y servicios de interés general y utilidad social y que, según pretende la Administración, cubrirán en su mayor parte el 75% de la jornada laboral -la orden recoge entre un 50 y un 75%-.
La directora general de Emprego e Formación, Ana María Díaz, y la de Familia e Inclusión, Amparo González, han presentado la convocatoria que publica este lunes el Diario Oficial de Galicia (DOG). Los ayuntamientos interesados podrán comenzar a presentar sus solicitudes desde este martes.
Como principal novedad, han destacado que la orden amplia el abanico de personas que pueden optar a la misma, al eliminar el requisito de tener una antigüedad de seis meses percibiendo la Risga.
600 contratos en 2014
El año pasado se convocaron por primera vez estas ayudas, con una dotación de 5 millones de euros que permitió contratar a unos 600 vecinos de 118 municipios gallegos. Según ha indicado González, la mayor parte de estas personas siguen trabajando a día de hoy, puesto que empezaron sus contratos por siete meses en agosto, septiembre e incluso octubre.
La condición que sí se mantiene este ejercicio es la de estar inscrito en el servicio público de empleo. Además, seguirán teniendo preferencia aquellos solicitantes que estén comprometidos con la realización de un itinerario sociolaboral y los que tengan cargas familiares.
Sueldos y extinción de la Risga
En cuanto a los sueldos que se reciben en base a estas contrataciones, la directora general de Familia ha explicado que cada consistorio paga en función de la cualificación del trabajador y de su puesto. Por su parte, Ana María Díaz ha precisado que todos los contratos están sujetos al convenio colectivo correspondiente.
En el momento en que los perceptores de la Risga tienen un empleo en base a estos contratos y la cantidad que cobra supera al de la citada ayuda -que de media ronda los 400 euros-, esta "se extingue", según ha concretado también la responsable de Familia.
Por su parte, la titular de Emprego e Formación ha señalado que el reparto por provincias se ejecutará mediante una desconcentración en base a cuatro criterios: los perceptores de la renta de inserción social a 31 de diciembre de 2014, la evolución demográfica, la evolución del paro y el número de demandantes de empleo.
Así, cada una de las cuatro provincias recibirá un crédito que, en caso de no agotar, puede ser reorientado a otra que sí registre una mayor demanda de las ayudas.
Casi 10.000 perceptores de la Risga
Dentro de dos semanas la consellería dispondrá de los datos de perceptores de la Risga a cierre de 2014, según ha apuntado González, quien ha añadido que, a mediados del pasado año, este se situaba en casi 10.000 personas.
Ambas responsables del departamento que dirige Beatriz Mato han destacado que la consellería "redobla su esfuerzo" en 2015 desde la convicción de que "no hay mejor herramienta para la inserción social" que favorecer la consecución de un empleo.