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El juez del caso Angrois pide a los peritos judiciales sus informes para enero

Lago Louro marca una fecha límite y emplaza a ese momento para que las partes decidan si solicitan la práctica de nuevas pruebas.

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El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, solicita que los peritos judiciales aporten sus informes definitivos con la fecha "límite" del 31 de enero de 2015 sobre el accidente ocurrido en Angrois el 24 de julio de 2013 en el que fallecieron 79 personas y más de un centenar resultaron heridas de diversa consideración.

Asimismo, y en varios autos emitidos con fecha de este jueves día 18, ha rechazado por ahora practicar nuevas diligencias de investigación en la causa que instruye y en la que recogió el testigo de Luis Aláez a mediados de este año.

En el escrito judicial, Lago Louro desestima el recurso de reforma interpuesto por víctimas y el maquinista, que permanece como único imputado en la causa tras las desimputaciones de los cargos de Adif y Renfe, y realiza el requerimiento a los peritos judiciales.

En su argumentación jurídica, el juez explica que las diligencias de investigación propuestas tanto por víctimas, como por la defensa del maquinista, "no fueron desestimadas", sino que considera más apropiado esperar a contar con los informes periciales definitivos.

"De la providencia recurrida (...) tan sólo se difiere la decisión sobre su utilidad y pertinencia al momento procesal en que dispongamos de los informes periciales definitivos", señala el auto de Lago Louro.

"Sólo entonces, y a la vista del contenido de tales informes, estaremos en condiciones de valorar adecuadamente la necesidad, utilidad y pertinencia de tales diligencias de prueba", agrega, postergando la decisión de nuevas pruebas hasta pasado enero del año que viene.

"No existe indefensión"

A mayor abundamiento, y en respuesta al recurso realizado por la defensa del maquinista, Lago Louro asegura que "no existe una verdadera indefensión material ni vulneración del derecho de defensa" en la medida en que, añade, mientras esté abierta la fase de instrucción, la posibilidad de practicar diligencias "persiste".

Sin embargo, incide en que es preciso esperar a contar con la emisión de los informes periciales definitivos para, "en vista de sus conclusiones definitivas, decidir al respecto".

En todo caso, y dado que el plazo inicialmente conferido ha vencido, el juez dictamina que, con el fin de "evitar dilaciones indebidas", los peritos judiciales deben entregar sus informes antes de que concluya el mes de enero, "momento en que las partes podrán reproducir su petición de práctica de diligencias si lo consideran necesario o conveniente para sus intereses".

Solicitud de pruebas

El pasado mes de noviembre, víctimas del accidente del tren Alvia aglutinadas en la Plataforma 04155 solicitaron nuevas diligencias, que atendían a altos cargos como el actual presidente de Adif, Gonzalo Ferre y el expresidente de Renfe, Julio González Pumar, pruebas con las que concordó el abogado del maquinista, que se sumó a ellas.

Al margen de los informes judiciales requeridos, en los últimos días se ha conocido un nuevo informe independiente, en este caso el elaborado por el catedrático de la Universidad de Cantabria Enrique Castillo Ron por encargo de uno de los peritos nombrados en la causa que investiga el accidente de Angrois. En él, se concluye que con el sistema de control de la velocidad más seguro, el ERTMS, en el punto en el que se produjo el siniestro, "es probable" que "no se hubiera producido".

Entre abril y mayo también se conocieron otros informes. Así, el perito designado por parte de la aseguradora QBE, el ingeniero de telecomunicaciones holandés Frans Heijnen, concluyó en su informe preeliminar entregado al juez que "si el ERTMS hubiera estado instalado y activo hasta el kilómetro 88, como inicialmente estaba previsto, el accidente nunca habría tenido lugar".

Esta conclusión fue coincidente con la del otro ingeniero de telecomunicaciones que ha investigado el siniestro, César Mariñas Dávila, nombrado como perito judicial por parte de la Xunta.

El primer perito en aportar su estudio fue el nombrado a petición de la defensa del maquinista, Ángel Luis Sanz Cubero, quien determinó la existencia de incongruencias entre la documentación de Adif y el libro horario y el cuadro de velocidades máximas por el que se guiaba la conducción del tren aquel 24 de julio.

Por su parte, en el informe del ingeniero industrial José Manuel Lamela, perito judicial, se apuntó que el material rodante era correcto en el trayecto del Alvia.

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