La Fiscalía Superior de Galicia dejará "margen" a una solución "consensuada y pacífica" del conflicto gitano en Tui y O Porriño, según ha informado tras prestar declaración durante casi dos horas el presidente de la Sociedad Gitana en Galicia, Sinaí Giménez, en calidad de denunciado tras el supuesto destierro de 400 personas.
En un comunicado, la Fiscalía asegura que la solución pasaría "por permitirles a los vendedores ambulantes el libre ejercicio de su actividad profesional, con su incorporación inmediata y sin ningún tipo de represalia, regularizando su situación laboral y garantizando su incorporación inmediata a los mercados locales".
Mientras, Sinaí Giménez, que acudido a la Fiscalía Superior de Galicia arropado por una veintena de personas, se ha mostrado "muy contento" tras prestar declaración durante casi dos horas ante el fiscal, acompañado por su abogado Cándido Conde-Pumpido. "Se ha aclarado toda la verdad", ha dicho tras precisar que declaró "a petición propia".
Tanto él como su abogado han negado que se hubiesen producido coacciones o amenazas en este conflicto entre familias gitanas. "No ha existido ningún procedimiento de destierro ni coacción", ha subrayado el letrado, quien ha abogado por la búsqueda de la "paz social" mediante una solución que respete "la cultura gitana sin incumplir el ordenamiento jurídico", ha apostillado.
A la salida de la Fiscalía, el presidente de la Sociedad Gitana en Galicia, Sinai Giménez, ha insistido también en que ha facilitado "información para aclarar la situación". "Se han aclarado muchas cosas que se decían que no eran ciertas", ha insistido.
"Origen" del conflicto
Preguntado sobre estas cuestiones, ha evitado hacer más declaraciones y se ha remitido a su abogado, quien ha señalado que "el origen del conflicto social está en la propia concejala de Tui, Olga Montes, que ha propiciado que haya un enfrentamiento entre dos familias".
A esta concejala la ha culpado de ocasionar "un enfrentamiento entre las personas que se han marchado de Tui y de la población gitana", al rechazar que hubiese un destierro y al culparla de haber propiciado "un agravio" entre familias.
Por otra parte, ha rechazado que se hubiese desterrado a 400 personas. "Muchas de las familias que se dicen desterradas siguen viviendo en sus casas y sus hijos no se han escolarizado dentro del problema que existía y como forma de presión para que se solucionase ese conflicto", ha argumentado.
Sobre la reunión con la Fiscalía, ha confirmado que hubo "un principio de acuerdo" para conseguir "la paz social". "Igual el derecho penal no es el medio adecuado", ha señalado sobre las diligencias abiertas por el Ministerio Público.
Al respecto, ha confirmado que se ha propuesto "que dentro de los propios gitanos se busque una solución y se exponga a la Fiscalía que, de estar conforme, no proseguiría con actuación penal frente a nadie sino fomentando esa paz social", ha precisado.
Propuesta de la Fiscalía
Por su parte, en un comunicado, la Fiscalía precisa, tras la declaración de Sinaí Giménez por la posible comisión de delitos de amenazas y coacciones, que, antes de decidir sobre el ejercicio de la acción penal, dejará "espacio a la negociación y la posible resolución consensuada y pacífica del conflicto por los propios interesados".
Tras haber recibido los informes de la Guardia Civil de Tui y O Porriño y de la Consellería de Educación sobre la escolarización de los menores afectados por el supuesto destierro, subraya que esta solución debe ser "respetuosa con los derechos y libertades de las personas".
De la posible solución, indica que debería respetarse "el derecho del colectivo afectado a gestionar su alta como autónomos en la Seguridad Social al margen de la cooperativa de vendedores ambulantes".
La acción del Ministerio Fiscal se produjo tras la denuncia presentada por el presidente de la Asociación Galega de Ambulantes y Autónomos, Francisco Romero Alvite, que también prestó declaración por estos hechos el pasado 24 de noviembre.