El Ayuntamiento de Teo se personará en la causa abierta contra el exalcalde del PP Armando Blanco por un caso de supuesta prevaricación administrativa.
El juzgado de Instrucción número 1 de Santiago inició diligencias previas contra el anterior regidor por la prórroga del contrato de suministro y depuración de agua por 20 años aprobada en un pleno de 2007, poco antes de las elecciones municipales -en las que no renovó su mandato-.
Según explica el Ayuntamiento de Teo, el juzgado hizo una petición de documentación al Consistorio en la que, entre otros documentos, se han solicitado las actas plenarias del 30 de abril y del 20 de agosto de 2007 (cuando se prorrogó y se debatió una revisión que no salió adelante).
En este contexto, el regidor teense, Martiño Noriega, ha manifestado que el gobierno municipal acordó personarse por entender que "con aquella prórroga la propia institución municipal fue gravemente perjudicada", como ya "denunció públicamente en numerosas ocasiones en estos años".
El actual regidor también recuerda que en aquel pleno de abril de 2007, por parte de la oposición, ya se había alertado de que lo que estaba aprobando era "claramente irregular y podía derivar en responsabilidades judiciales".
Revisar la prórroga
En agosto de 2007, ya con Noriega como regidor aunque en minoría, el gobierno local quiso revisar la prórroga, pero los votos en contra del PP y los independientes y la abstención del PSdeG impidieron que la propuesta saliese adelante.
Ya en mayo de 2013, la concesionaria pretendió una nueva modificación contractual, la cual, "según los servicios jurídicos, no se podía realizar", explica el Ayuntamiento.
La petición de la empresa -Viaqua, antes Aquagest- le permitió, según explica, "defender la revisión del acuerdo" al entender que estaba "incurso en una causa de nulidad". Así, se pidió al Consello Consultivo que dictaminase sobre la declaración de nulidad, al respecto de lo que el órgano fiscalizador dictaminó de forma "favorable" a la pretensión del Ayuntamiento.
El Consistorio teense remitió el expediente a la Fiscalía, al mismo tiempo que se envió al Consello Consultivo de Galicia en los primeros meses de 2014.
Uno de los informes jurídicos incorporados al expediente, indica el Ayuntamiento, apunta que "es conveniente aludir a la posible relevancia penal derivada de la adopción del acuerdo plenario discutido", en referencia a la prórroga del contrato de 2007.