El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, ha señalado este lunes que la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal gallego decidirá "de forma inmediata en términos relativos" acerca de si admite a trámite la exposición motivada sobre la exportavoz del PPdeG y diputada Paula Prado, remitida por la instructora de la operación Pokémon', Pilar de Lara, dada su condición de aforada.
Dicha exposición motivada ratifica en 48 folios los motivos por los que De Lara recomienda que se le investigue al entender que ésta pudo haber cometido supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y cohecho durante su etapa de concejala en el Ayuntamiento de Santiago. Siguiendo el trámite, la Fiscalía ha recomendado que el TSXG la investigue.
Al término de la reunión de la Comisión Mixta, que tuvo lugar en San Caetano, preguntado sobre el horizonte temporal que maneja el TSXG para resolver tras el pronunciamiento de la Fiscalía, Cadenas se ha limitado a señalar que la Sala resolverá "de forma inmediata en términos relativos" sobre la admisión a trámite de la exposición motivada "con sus consecuencias penales en uno u otro caso".
Fuentes del TSXG han explicado -según informa Europa Press- que lo que hará en breve el alto tribunal gallego es resolver sobre la exposición motivada remitida por De Lara, es decir, decidir si investiga o no a Prado como recomienda la Fiscalía. Si finalmente decide su admisión, la causa recaería en un juez instructor que sería el que decidiría los pasos a dar en la investigación y, si lo considera oportuno, si procede imputar o no a la diputada.
Por el momento, ha optado por no dar pistas del sentido en el que puede pronunciarse el TSXG. "Como comprenderá yo de eso casi no puedo hablar nada; por razones lógicas y jurisdiccionales, ya que formo parte de esa sala de lo Civil y de lo Penal que tiene la competencia de resolver en este momento", ha argumentado Cadenas.
"Presunción de inocencia"
Por su parte, el vicepresidente y secretario general del PPdeG, Alfonso Rueda, que compareció con Cadenas, ha esgrimido que Prado dimitió como portavoz del partido en junio y dio sus razones, pero no ha avanzado si se tomará alguna otra determinación para su acta de diputada en el caso de que ahora sea imputada.
"Es diputada y reivindico su presunción de inocencia", ha señalado, antes de remitirse a la decisión que adopte el TSXG, para añadir que, a día de hoy, "no toca" ni él va a hacer "otra cosa que reivindicar su presunción de inocencia".
Sospechas de De Lara
Entre las cuestiones que plantea De Lara en su exposición motivada, se pretende aclarar la participación de la exportavoz cuando era concejala en el Ayuntamiento de Santiago en "el pago de una factura inflada" por la representación del espectáculo 'La Abeja Maya', para beneficiar al empresario Jesús Fuentes Maceira, implicado también en "adjudicaciones presuntamente ilícitas" a favor de GRS y Aquagest.
Asimismo, se indaga sobre su "influencia" en la contratación de determinadas personas "afiliadas o próximas ideológicamente" a su partido "en empresas concesionarias de obras y servicios" del Ayuntamiento de Santiago, "llegando a adaptar para ello los currículos a los puestos de trabajo".
La instructora de la Pokémon entiende que, "independientemente de otros supuestos, revelados en los informes presentados, habría enchufado supuestamente a alguna persona para ser contratada por la empresa Sermasa, adjudicataria del concurso de la Escuela infantil de Salgueiriños".
Considera, además, que "podría haber intervenido en algunos expedientes de acometida de agua a favor de terceros y en la resolución de un expediente de un local llamado Moon, probablemente de apertura o cierre por ruidos".
Otro asunto en el que incide la jueza es en la supuesta petición de Prado, el 2 de junio de 2012, al exconcejal Albino Vázquez, de que "le permita aparcar su coche privado" en la Praza do Obradoiro "para evitar que se le impongan las correspondientes sanciones".
Del mismo modo, De Lara aboga por investigar "influencias supuestamente ilícitas" en las que Prado habría intervenido junto con otros concejales, así como con Ángel Espadas, exjefe de gabinete del exalcalde Gerardo Conde Roa, para "beneficiar económicamente" a su marido, Francisco Antonio O.I., en su actividad de venta de materiales textiles, entre ellos, a los Ayuntamientos de Santiago y Boqueixón.