A punto de cumplirse dos años desde el inicio de la llamada operación Pokémon, con más de un centenar de imputados, la causa que instruye la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, sigue bajo secreto de sumario y de poco han servido las quejas de los abogados que se ocupan de la defensa de los imputados. De las noticias que se van conociendo, una más llama la atención es la pieza separada en la que la magistrada ha implicado a la diputada del PP Paula Prado. Las diferentes causas sobre la implicación de Prado se refieren a su etapa de concejal en el Ayuntamiento de Santiago que, después de dejar el Consistorio compostelano, forzaron la dimisión de Paula Prado como portavoz del PPdeG. Este viernes saltaba a los medios -como informamos en Galicia esRadio- la "recomendación" de la Fiscalía al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para investigar a Prado. La Fiscalía fundamenta su decisión a la vista de la documentación que se ha demandado y de la exposición razonada de la juez De Lara. Ahora, en una nueva "filtración", consta que sobre la diputada popular aparecen supuestos concretos de "algún ilícito penal". Según el auto de la juez Pilar de Lara, la diputada popular Paula Prado se enfrentaría a supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho. Además, la magistrada también hace constar -en un documento de 48 folios- sospechas fundadas que Prado pudo cometer falsedad documental. Hace escasamente un mes, De Lara prorrogó el secreto del sumario que se instruya al exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa y de la propia Paula Prado. A la espera de lo que decida el TSXG, no se descarta que Prado presente su renuncia al escaño de diputada autonómica y, de esa forma, pierda su condición de aforada.
Un nuevo capítulo sobre la operación Pokémon desvela nuevos detalles del auto que la juez Pilar de Lara instruye sobre esta trama y en la que está implicada la diputada popular Paula Prado. Si este viernes conocíamos que la Fiscalía recomendaba al TSXG celeridad en la investigación sobre Prado, un día después -este sábado- conocíamos parte de la exposición motiva remetida por la instructora de la Pokémon al TSXG sobre la exportavoz del PPdeG.
Un documento de 48 folios
En la exposición, la magistrada evidencia sus sospechas de que Paula Prado pudo haber cometido supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y cohecho durante su etapa de concejal en el Ayuntamiento de Santiago.
El documento judicial tiene fecha del 17 de junio y está conformado por 48 folios. En él Pilar de Lara expone los argumentos por los que, a su juicio, el órgano judicial competente -el TSXG, debido a la condición de aforada que Prado mantiene como diputada del Parlamento de Galicia- debe investigar a la exportavoz popular.
El contenido de la exposición motivada no había trascendido hasta el momento, pese a que la Sala de lo Civil y Penal del TSXG la recibió en junio y ahora es la que debe pronunciarse acerca de si la admite a trámite e imputa a la diputada del PPdeG, que por el momento sólo ha comparecido como testigo ante De Lara.
La Fiscalía, siguiendo el trámite judicial, ha analizado la documentación y ha recomendado que se investigue para comprobar si incurrió en algún ilícito penal.
Entre las cuestiones que plantea De Lara, según informa Europa Press, se pretende aclarar la participación de la exportavoz cuando era concejala en el Ayuntamiento de Santiago en "el pago de una factura inflada" por la representación del espectáculo 'La Abeja Maya', para beneficiar al empresario Jesús Fuentes Maceira, implicado también en "adjudicaciones presuntamente ilícitas" a favor de GRS y Aquagest.
Supuestos enchufes
Asimismo, se indaga sobre la "influencia" de Paula Prado en la contratación de determinadas personas "afiliadas o próximas ideológicamente" a su partido "en empresas concesionarias de obras y servicios" del Ayuntamiento de Santiago, "llegando a adaptar para ello los currículos a los puestos de trabajo".
La instructora de la Pokémon entiende que, "independientemente de otros supuestos, revelados en los informes presentados, habría enchufado supuestamente a alguna persona para ser contratada por la empresa Sermasa, adjudicataria del concurso de la Escuela infantil de Salgueiriños".
Considera, además, que "podría haber intervenido en algunos expedientes de acometida de agua a favor de terceros y en la resolución de un expediente de un local llamado Moon, probablemente de apertura o cierre por ruidos".
Otro asunto en el que incide la jueza es en la supuesta petición de Prado, el 2 de junio de 2012, al exconcejal Albino Vázquez, de que "le permita aparcar su coche privado" en la Praza do Obradoiro "para evitar que se le impongan las correspondientes sanciones".
"Beneficio económico" a su marido
Del mismo modo, De Lara aboga por investigar "influencias supuestamente ilícitas" en las que Prado habría intervenido junto con otros concejales, así como con Ángel Espadas, exjefe de gabinete del exalcalde Gerardo Conde Roa, para "beneficiar económicamente" a su marido, Francisco Antonio O.I., en su actividad de venta de materiales textiles, entre ellos, a los Ayuntamientos de Santiago y Boqueixón.
Según la exposición motivada, para tal fin podría haber empleado "a terceros intermediarios" a fin de "no involucrar su nombre como proveedor".
Además, conforme hace constar la jueza, "éste habría utilizado estratagemas como la de facturar por medio de personas interpuestas". "Así, como persona física, por un lado a Servicios y materiales, del grupo Vendex, y a través de otra empresa de su propiedad, a Aquagest y Servicios y Materiales", apostilla.
Dimisión y pinchazos del SVA
Paula Prado dimitió a principios de junio de su cargo como portavoz del PPdeG, aunque se mantiene como diputada autonómica, lo que le permite conservar su condición de aforada.
Tras semanas sin comparecer ante los medios, aunque sí emitió un comunicado negando las supuestas irregularidades de las que sospecha De Lara, la dirigente popular reconoció el día en el que renunció como portavoz que su relación con la operación Pokémon no estaba "ayudando al partido" y le impedía "el trabajo que exige una portavocía".
Fue precisamente a raíz de los pinchazos telefónicos y los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) cuando la jueza Pilar de Lara decidió una pieza separada al hallar en el comportamiento de la diputada "ciertas irregularidades que pudieran ser constitutivas de infracción penal".