Las posiciones entre la empresa Urbaser, concesionaria del servicio de recogida de basuras en la ciudad de Lugo, y los trabajadores tras la maratoniana reunión de la madrugada del sábado al domingo parecen más alejadas que nunca, cuando este lunes se alcanza la jornada 42 de huelga.
El principal obstáculo se encuentra en las sanciones impuestas al comité de huelga, que no están dispuestos a aceptar los trabajadores, y que pasarían por la suspensión de empleo y sueldo durante 40 días.
La secretaria de servicios de la CIG, Carmen Antas, advierte de que, "mientras haya sanciones a un solo trabajador, la huelga va a seguir hasta donde haga falta". Estas sanciones vienen impuestas por el incumplimiento de servicios mínimos.
Tras ocho horas en el encuentro del sábado al domingo, parecía atisbarse una salida a una huelga que cumple este lunes seis semanas, aunque luego, tras una asamblea, se echaba abajo la "propuesta de síntesis" que realizó el mediador, en este caso el presidente del Consello Galego de Relacións Laborais, Demetrio Fernández. Este nuevo escenario ha llevado a la empresa a acusar a los miembros del comité de huelga y a los asesores sindicales de "echarse al monte".
Unanimidad de los trabajadores
Antas confiesa que "no es fácil aguantar una huelga tan larga para la plantilla que desde el primer día lleva demostrando que le sobraban las razones para iniciar este conflicto". Se ampara en la unanimidad de los 139 trabajadores para rechazar la nueva propuesta y así, advierte a Urbaser de que "tome nota" e insiste en que, "mientras haya sanciones a un solo trabajador, la huelga va a seguir hasta donde haga falta".
La sindicalista confirmaba que "en este momento no se tiene noticia de que haya una nueva convocatoria" para celebrar otro encuentro con la dirección.
Tras la asamblea del sábado al domingo, se remitió al Consello Galego de Relacións Laborais la decisión adoptada y también la nueva propuesta ratificada por unanimidad de toda la plantilla. "Estamos a la espera de ver si hay posibilidades de seguir negociando y esa es nuestra voluntad, de ahí que no se cerrara la postura en la asamblea de trabajadores, sino que se hizo una contrapropuesta a la otra parte", explica la representante de la CIG.
Urbaser ve una marcha atrás
Por parte de Urbaser, su portavoz, Benito García, matizaba que "más que no acuerdo, ha habido una marcha atrás". Recuerda que tras la última reunión, el mediador hacía una "propuesta de síntesis" que se resume en "un 60 por ciento de incremento sobre el IPC del año anterior, escalada de 100, 150 y 200 euros anuales hasta llegar a 450 en 2017 y duración del convenio por tres años, cobertura de vacantes del 50 por ciento, retirada de sanciones y desistimiento de las demandas".
Una oferta que "a la empresa le parecía asumible". "Aunque había muchos aspectos que no le convenían, fue llevada a los trabajadores el domingo a la tarde para su aprobación en asamblea y frente a eso, realizaban una contrapropuesta, por vez primera en el periodo de negociación, donde piden una subida salarial del cien por cien del IPC, el mantenimiento de una paga especial de 600 euros y cubrir el cien por cien de vacantes con trabajadores de tiempo parcial a tiempo completo, lo que desasistiría el servicio el fin de semana y la eliminación de todas las sanciones", reprueba.
Con ello, deduce García que "se ha vuelto a la propuesta de antes de la huelga", "Para eso nos hubiésemos ahorrado 42 días de perjuicios a los ciudadanos", lamenta. El portavoz de Urbaser señala que "por parte de la empresa se considera que el comité y los asesores sindicales en este proceso de negociación se han quitado la careta, han tomado la decisión de echarse al monte con una propuesta que nos devuelve a antes de la huelga y que pretende imponer a la empresa condiciones que tienen que ver más con la palabra claudicación que con la palabra negociación".
Benito García confiesa que en la empresa "no se preveía un escenario de tan marcha atrás", por lo que anuncia que Urbaser va a tomar "decisiones en todos los planos, organizativo de la empresa, en el plano jurídico y probablemente también haya que tomar algún otro tipo de decisiones y en el operacional para dar respuesta a esta situación".
De esta forma, no se descartaría volver a contar con operarios de otras concesiones para seguir con el plan que impuso el Ayuntamiento de Lugo para el cumplimiento de los servicios mínimos.