Los casos de presunta corrupción y prevaricación en los municipios gallegos no paran. A los ya conocidos se suman ahora los de Arzúa y Vimianzo, que ven como sus primeros ediles son imputados. El alcalde de Arzúa, José Luis García López (BNG) y su antecesor en el cargo, Xaquín García Couso, así como seis concejales miembros de dos juntas de gobierno que pagaron las obras de unas calles de la localidad han sido citados a declarar como imputados por la jueza del caso Pokémon. También el alcalde de Vimianzo el nacionalista Manuel Antelo, tendrá que declarar el próximo 18 de septiembre como imputado por presunta prevaricación administrativa en el Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión.
En el caso de Arzúa, el macrosumario que instruye Pilar de Lara en relación con supuestas irregularidades en las concesiones del servicio de agua y de la piscina, pero estas imputaciones se deben a la investigación del pago de las obras de asfaltado de las calles Cubelo y Catro Ventos, pertenecientes supuestamente a una urbanización privada, y otra más sin nombre. Los pagos de estas obras fueron aprobados por sendas juntas de gobierno del Concello de Arzúa en diciembre del 2010, por importe de aproximadamente 8.000 euros, y en diciembre del 2011, por otros 11.000 euros. La primera junta estaba presidida por el alcalde García Couso, del BNG (posteriormente tuvo que dejar la política, tras ser inhabilitado en relación con el incumplimiento de una sentencia urbanística), y formada por los ediles Leonardo Bermúdez Taboada, Aurora Varela Duro, Marisol Ríos Miramontes y Xoán Xesús Carril Ramos. Bermúdez y Varela también eran miembros del gobierno que, un año más tarde y ya con José Luís García López como alcalde, aprobó el último pago por dichas obras. Completaban esta segunda junta las concejalas María del Carmen Torreiro González y Natalia Pereira Rey. Todos ellos tendrán que declarar como imputados en unas diligencias complementarias del caso Pokémon abiertas después de que el PP de Arzúa entregara distinta documentación a Pilar de Lara en el juzgado de Lugo.
El caso de Vimianzo
Por su parte, el alcalde de Vimianzo, Manuel Antelo (BNG), tendrá que declarar el próximo 18 de septiembre como imputado por presunta prevaricación administrativa. Así lo ha decidido el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión, Iván Barallobre, a raíz de una querella presentada el pasado febrero por varios concejales de la oposición de este Concello de la Costa da Morte envuelto en varios procesos judiciales. Los ediles denunciaron que el regidor frentista "planificó la estrategia a seguir para evitar que la moción de censura presentada se tramite".
Por este mismo hecho, tanto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Coruña como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia -al que Antelo recurrió- ya dieron el pasado año la razón a los demandantes. Aunque su querella incorporaba a otros tres cargos y funcionarios del Ayuntamiento vimiancés, por ahora Barallobre cita solo al regidor y reclama al Consistorio varios expedientes e informes para clarificar esta situación.
"Antelo no debería estar ni un minuto más al frente de la alcaldía y debería dimitir", declaró el concejal José Manuel Rodríguez Blanco, quien también exigió medidas a la dirección del BNG: "Pienso que Xavier Vence -portavoz nacional del Bloque- es un hombre coherente y espero que tome medidas". A mayores, pidió al PSdeG que "deje de ser el soporte de un alcalde imputado y que acumula denuncias y fomenta la crispación en este municipio". La formación socialista expulsó a Rodríguez Blanco y a su compañera Montserrat Vázquez Miñones por apoyar la moción en 2013. La Justicia anuló después este proceso que se volvió a iniciar. Por su parte, Antelo critica que sufre una campaña de "acoso y derribo" para acabar con él.