El uso incorrecto del verbo "devenir" por parte de la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha sido motivo de críticas en el ámbito político y lingüístico. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría afirmó que "la prórroga presupuestaria en la que estamos ahora mismo ‘deviene’ de unos presupuestos aprobados por este Gobierno". Sin embargo, el verbo "devenir" no significa "proceder de" o "originarse en", sino "llegar a ser" o "convertirse en", lo que convierte su uso en este contexto en un error. La Fundéu RAE ha aclarado que el término correcto habría sido "provenir", ya que este verbo sí expresa la idea de origen o procedencia.
Esta equivocación lingüística es el reflejo de la falta de rigor en la comunicación gubernamental por parte del Gobierno de España. Alegría no solo incurre en errores lingüísticos, sino que también recurre a la tergiversación política para justificar la falta de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, tratando de presentar la prórroga como un proceso natural en lugar de una consecuencia de la falta de acuerdo político. Una situación que se agrava si se tiene en cuenta que los presupuestos que se encuentran vigentes son los de 2023, que corresponden a la legislatura pasada.
El respaldo del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a las declaraciones de Pilar Alegría refuerza la idea de que el Ejecutivo apoya y perpetúa estas estrategias comunicativas. Sin embargo, Bolaños también ha protagonizado recientemente su propio desliz conceptual al afirmar que el Tribunal Constitucional (TC) forma parte del Poder Judicial. Esta declaración fue corregida de inmediato por la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, quien le recordó que el TC es un órgano independiente encargado de velar por la constitucionalidad de las normas y que no pertenece al Poder Judicial, como establece la Constitución Española.
Este error no es menor, ya que la diferenciación entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial es clave en el ordenamiento jurídico español. Mientras que el Poder Judicial está integrado exclusivamente por jueces y magistrados, el TC está compuesto también por juristas de reconocido prestigio, como fiscales, abogados y profesores universitarios. La confusión de Bolaños ha sido interpretada no solo como un desconocimiento de la estructura del Estado, sino también como un intento de dotar al TC de competencias que no le corresponden.
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