El futuro de Muface, el sistema de asistencia sanitaria privada que cubre a 1,5 millones de funcionarios y familiares, está en el aire. Tras conocerse que las compañías que actualmente prestan asistencia sanitaria a los funcionarios a través de Muface (Adeslas, Asisa y DKV) han decidido levantarse de la mesa de negociación para el nuevo concierto por una oferta "insuficiente" del Gobierno (que planteó una subida de la prima del 14% mientras las compañías demandan hasta un 40%), la sanidad privada ha alertado de una operación que busca acabar con el sistema.
En un comunicado, ASPE indicó que, según un informe de la Universidad Complutense de Madrid y ASPE, el modelo actual de Muface ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año y su desaparición supondría para la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones de euros al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas, además de provocar un incremento en las listas de espera del 266% para consulta externa y del 115% para una intervención quirúrgica.
La asociación avisó de que "el fin del modelo de Muface" y el traslado de los 1,5 millones de funcionarios cubiertos al régimen general de la sanidad pública "está firmado en los despachos del Gobierno de coalición". La oferta de remuneración se sitúa "muy por debajo de lo aceptable" para las aseguradoras porque el cuadro médico "sería insuficiente" y el servicio "deficitario ante la cronicidad y la alta frecuentación" de los funcionarios a la sanidad, según argumentó ASPE.
Consideró que la remuneración ofrecida busca "de forma deliberada que la responsabilidad del fin de Muface recaiga en el sector sanitario privado, que no aceptaría unas condiciones exiguas".
Carlos Rus, presidente de ASPE, ha acudido a la llamada de En casa de Herrero de esRadio afirmando que ‘’es muy difícil, el no acuerdo es imposible, meter a todos los funcionarios en el sistema privado es imposible. Una subida del 14% es totalmente inasumible’’.
La asociación indicó que la edad media de los titulares de Muface era de 57,8 años en 2022, según el informe de la Complutense, por encima de los 54,2 años en 2013, lo que se relaciona con el incremento de la siniestralidad.
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