Durante años asociaciones, políticos y activistas han situado a España como el segundo país del mundo con más ‘desaparecidos’ después de Camboya: el mito de fosas y cunetas con miles de cadáveres del bando revolucionario, asesinados al acabar la guerra.
Por primera vez un historiador recurre a las fuentes primarias (ha contrastado cuatro, dos archivos militares, el de Ávila y Guadalajara, un estudio encargado por la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena y otro de la Generalidad catalana) para sacar a la luz cuántos fueron las penas de muerte impuestas por Franco por hechos relacionados con la guerra y, sobre todo, la cifra total de ejecutados por los vencedores.
¿Fue indiscriminada la represión en la posguerra?
¿Hubo juicios sumarios y sin garantías al estilo bolchevique o soviético?
Miguel Platón (Melilla, 1949) acaba de publicar La represión de la posguerra. Penas de muerte por hechos cometidos durante la guerra civil (Actas). Tras seis años de investigación, mirando uno a uno 30.000 expedientes, 184 cajas, concluye que las personas ejecutadas por el régimen franquista fueron 15.000. La mayoría fusilados.
15.000 personas, nada menos, un número escalofriante, pero ninguno más. Hasta este momento historiadores españoles y extranjeros muy conocidos, como el británico Antony Beevor, habían dado por buenas, sin haber consultado un solo papel, cifras de más de 200.000, 120.000, 50.000… ejecuciones.
Así fueron los juicios
Entre el 10 de septiembre de 1940 y el 28 de noviembre de 1975 los Consejos de Guerra condenaron a unas 125.000 personas, 30.000 a muerte. La mitad de estas penas se revisaron y fueron conmutadas por una cadena perpetua, una reclusión de treinta años que, posteriormente, se fue reduciendo incluso hasta los seis o a anular anular con indultos.
El proceso de cada caso duraba varios meses y era valorado por distintas autoridades militares, la penúltima los auditores del Cuerpo Jurídico del Ministerio del Ejército. Durante ese tiempo se iban adjuntando al sumario pruebas y también algunos testimonios favorables, por ejemplo, un escrito del reo pidiendo clemencia, cartas de sus familiares, la mujer, el testimonio del alcalde del pueblo donde habían ocurrido los hechos juzgados, de los vecinos... Platón ha tenido en sus manos documentos firmados con huellas dactilares, de personas analfabetas.
Franco era el último eslabón, el mazo que confirmaba con un "Enterado" la sentencia. Modificó veintiséis recomendaciones de los jurídicos militares: en dieciséis casos a favor de la conmutación y en diez por la ejecución.
Cuenta en el libro Platón el caso de Cadalso de los Vidrios, una localidad de Madrid en la que 561 vecinos firmaron a favor de dos jóvenes condenados a muerte. Fueron indultados.
El autor no idealiza las garantías jurídicas de la España franquista.
Crímenes de sangre la gran mayoría
Entre los ejecutados y conmutados hay autores de crímenes horribles (al menos el 95% tenían delitos de sangre), "sádicos criminales, culpables individualmente de grandes excesos" cometidos durante la guerra en la zona controlada por el Frente Popular: asesinatos en cuadrilla, violaciones, necrofilia, torturas, secuestros, robos... Al menos el 95% tenían delitos de sangre.
Conviene recordar que en Cataluña, bajo el gobierno de Companys, anarquistas y sindicalistas asesinaron a 8.000 personas o que en la retaguardia en Madrid el autor calcula que fueron asesinadas más de 20.000, una buena parte fusilados en Paracuellos del Jarama.
Entre los conmutados hubo "autoridades políticas, mandos del Ejército Popular de la República, comisarios políticos o miembros de comités revolucionarios". Por ejemplo, Francisco de Toro Cuevas, diputado del PSOE elegido en 1936.
Cientos de nombres propios e historias desgarradoras
El estudio recoge cientos de vicisitudes con nombres propios, algunos muy conocidos: Antonio Buero Vallejo, Gaspar Zarrías, abuelo del político del PSOE condenado en los ERE de Andalucía, Gregorio Peces-Barba padre...
El último capítulo se titula "Héroes" y está dedicado a aquellos que a pesar de ser víctimas, de haber sufrido la desaparición de un ser querido, pidieron clemencia para sus verdugos. En este apartado también hay derechistas, militares o religiosos que testifican a favor de condenados izquierdistas por haberles protegido jugándose sus propias vidas.
El libro está prologado por el historiador Stanley Payne para el que esta obra
"de inigualado valor constituye una contribución a la historiografía coetánea de máxima importancia. Una obra que presenta resultados completamente originales y relativamente definitivos y también revisionistas. Las cifras sorprenderán a muchos pero la investigación ha sido minuciosa y sistemática y sus resultados convincentes".
Reflexiona Platón en sus conclusiones sobre un trato más benévolo por parte de los vencedores:
Las casi 15.000 ejecuciones, sin embargo, constituyen por sí mismas un número aterrador de condenados, con el sufrimiento adicional de cónyuges, hijos, padres, otros familiares y amigos. No fue una represión leve, sino muy severa, y en determinados casos cruel. (…) Las ejecuciones, además, se prolongaron mucho en el tiempo. Aunque los años más intensos fueron 1939 y 1940, cinco años después del final de la guerra siguían ejecutándose numerosas penas de muerte.
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