El sector de prisiones del CSIF, que ya vio desatendida su última reivindicación de ser reconocidos como agentes de la Autoridad, se encuentra ahora en una situación similar. A día de hoy, tras la aprobación de la Ley Trans, los funcionarios de prisiones no cuentan con un protocolo claro y definido para saber cómo actuar.
Jorge Vilas, el responsable nacional del sector de prisiones del CSIF, ha destacado en Es la Mañana de Federico de esRadio la gravedad de la situación y ha exigido "que se dicten instrucciones de manera urgente". Ha señalado que ya en su momento demandaron una actualización del protocolo, algo a lo que "Marlaska se comprometió y aún no se sabe nada". Reconoce, además, que siguen esperando noticias por parte del Ministerio del Interior pero que se trata de un ministerio "muy opaco que no dialoga ni negocia casi nada".
Y es que actualmente, cuentan con una instrucción del año 2006 "que va en contra de la actual Ley Trans". Considera que una vez más, "no se tiene en cuenta la realidad de las prisiones" y que ya en su momento "se deberían haber dictado unas normas claras". Todo esto, para que los propios trabajadores sepan actuar conforme a la ley vigente. A esta situación se suma el déficit de personal en las prisiones, algo "alarmante" que Vilas ha destacado en esRadio. Desde el CSIF exigen por ello que "se refuercen de manera inmediata las plantillas".
Por su parte, ha querido hacer especial hincapié en que "no es lo mismo dictar una ley para la generalidad de la sociedad que para ámbitos donde están personas que han sido apartadas de la sociedad por lo que haya dictado un juez". Ante la falta de un protocolo claro, sostiene que "cada día queda un poco menos para que tengamos un incidente regimental grave en las prisiones españolas a causa de no dictar una norma clara". Esto podría afectar "a la seguridad de los trabajadores y de los centros penitenciarios".
Jorge Vilas lamenta, por otro lado, que "la negociación y el interés general de los trabajadores no es algo que preocupe a la Secretaría General y al Ministerio del Interior" y que tiene claro que "contra los hechos no hay opiniones".