El Tribunal Europeo de Justicia, con sede en Luxemburgo, anuló la pasada semana el acuerdo comercial entre Bruselas y Rabat por extender sus ventajas a productos procedentes del Sáhara occidental, apoyándose en que "la soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sáhara occidental no está reconocida ni por la Unión Europea ni por sus Estados miembros ni, de manera más general, por la ONU", establece el fallo.
Esta decisión, recurrible en el plazo de dos meses, no invalida totalmente el acuerdo de libre comercio entre la UE y Marruecos, solo impide que sus ventajas se apliquen a cualquier producto agrícola o pesquero cuyo origen sea el Sáhara y que Marruecos pretenda exportar a la UE como producto propio.
La noticia ha sido acogida con temor y prudencia en el sector pesquero español que está asustado por las consecuencias que este varapalo político a Marruecos podría tener para mantener la presencia de la flota española en aguas alauítas, tras muchos años de desvelo por recuperar este acuerdo que no deja de dar sin sabores a los pescadores, especialmente por el precedente de la decisión judicial al entrar en el acceso a las aguas parte del caladero del Sahara.
En cambio el sector agrícola ha celebrado la sentencia y se ha apresurado a pedir a las autoridades su aplicación inmediata suspendiendo las condiciones del acuerdo comercial que deja entrar en condiciones muy ventajosas productos hortofrutícolas de Marruecos amenazando la competitividad de las producciones propias, tal y como han señalado Asaja, Coag y UPA.
Rabat vende cada año al bloque comunitario por valor de 1.500 millones de euros, equivalentes al 0,7% del comercio agrícola total de la UE.
El sector de frutas y hortalizas genera en España la mitad del empleo agrario, más de un tercio de la producción final agraria y tiene un importante peso en la balanza comercial, (la campaña pasada, el valor de la exportación se elevó a los 10.500 millones de euros). En estos tiempos de crisis y paro, problemas especialmente graves en muchas zonas de producción hortofrutícolas, la renovación del acuerdo con Marruecos suponía un duro mazazo a la economía y al empleo. Sólo el aumento del contingente de tomate suponía una pérdida de 350.000 jornales anuales en España.
La sentencia, pendiente de la valoración de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, limita la anulación de las concesiones comerciales a los productos agrícolas originarios del Sahara Occidental, en el que Marruecos ha aplicado una política de desarrollo de producciones hortícolas intensivas, con un peso que la Federación de Productores y exportadores españoles de frutas y hortalizas (FEPEX) considera creciente en sus exportaciones a la Unión Europea.
En 2015, hasta el mes de septiembre, la importación comunitaria de frutas y hortalizas procedentes de Marruecos alcanzó las 757.200 toneladas, un 3% más que en el mismo periodo de 2014, por un valor de 910,8 millones de euros (+18%), manteniendo su tendencia creciente, a pesar del previsible desvío de un volumen importante de sus exportaciones a Rusia, según datos del Eurostat, procesados por FEPEX
A pesar de la alerta que levantaba la noticia en el ya maltrecho sector pesquero, la medida no tiene repercusión directa en la flota andaluza, ya que faena en un caladero situado al norte del Sahara y por lo tanto no deberá sufrir una merma en sus condiciones. No obstante, los responsables del sector se mantienen con dudas ante la respuesta de Marruecos, que se había mostrado siempre muy crítico con el reconocimiento que Bruselas había hecho de los derecho del Sahara en la negociación del tratado.
El acuerdo entro en vigor en septiembre de 2014 y sustituyó al derogado por el Parlamento europeo en diciembre de 2011 por considerarlo "caro". En el uso de las aguas marroquíes, la UE invierte 40 millones de euros anuales: 30 aportados por la UE (16 para compensar los recursos naturales y 14 para invertir en el sector pesquero local) y 10 por los armadores. El anterior se cifró en 36 millones.
El pacto permite capturar en Marruecos 80.000 toneladas al año de seis tipos de pesca (un tercio más que el antiguo acuerdo) a 126 barcos europeos (de 11 países pero sobre todo a 99 españoles). Andalucía, con 45 licencias es la comunidad beneficiada.