La Junta de Castilla y León defendió este jueves tras el Consejo de Gobierno su "respuesta adecuada" en el ámbito de sus competencias a las personas atrapadas en la AP-6 por el temporal de nieve caída los días 5 y 6 de enero, y anunció que estará "pendiente, vigilante y exigente" ante las medidas que adopte el Gobierno, ya que no se puede estar "satisfechos" por el hecho "inadmisible" y los perjuicios causados a los afectados.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, desgranó en la rueda de prensa el informe de actuación de su departamento presentado en el primer Consejo de Gobierno de este año, donde destacó que el día 5 de enero se emitió una alerta por nevadas en todas las provincias y se activaron los protocolos en la sala del 112 y en el Centro Coordinador de Emergencias .
Así, se produjo la atención a 355 personas en tres de los cuatro albergues habilitados en el colegio público San Rafael, una sala polivalente en Villacastín y en el Ayuntamiento de Arévalo, ya que el cuarto, en el centro de formación del Ecyl de San Rafael, no fue necesario utilizarlo. Además, el 112 atendió 1.350 llamadas sobre el episodio de nieve y hubo 1.292 incidencias en las carreteras de la red autonómica, todas resueltas.
"Es cierto que el suceso fue inadmisible con conductores enclavados en la AP-6", afirmó el titular de Fomento y Medio Ambiente. Suárez-Quiñones, tras la exposición de los datos, valoró la "atención adecuada" a las personas a través de los servicios de Protección Civil, del 112 y de la plantilla de conservación de las carreteras autonómicas para facilitar información o cualquier otra demanda de los afectados, así como la apertura de vías con nieve.