El colapso en el sistema de exámenes para la obtención del permiso de conducir continúan agravándose sin solución a la vista. Ante esta situación, la Dirección General de Tráfico ha presentado recientemente un informe sobre su plan de refuerzo operativo, que incluía la polémica medida de realizar exámenes los sábados. Fernando López Uralde, vocal de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Sevilla, con quién ha contactado los Informativos de Andalucía, ha criticado las conclusiones de este documento, acusando a la administración de maquillar la realidad y de faltar al respeto a un sector que lleva años sufriendo la falta de personal.
López Uralde ha argumentado que realizar los exámenes en sábados son una medida propagandística, ya que de las cincuenta provincias españolas solo se ha implementado en pocas provincias como Barcelona, Almería o Lérida. En Sevilla, por ejemplo, ningún alumno ha tenido la oportunidad de examinarse en fin de semana. Además, critica la extrema improvisación de la administración, que avisó a los centros con menos de quince días de antelación, haciendo imposible que las autoescuelas pudieran organizar la presentación de sus alumnos de manera adecuada.
Según los datos del sector, un alumno debe esperar al menos tres meses para poder realizar el examen práctico una vez que ha aprobado la fase teórica, un plazo que en determinadas provincias y durante la época estival se llega a prolongar hasta los cinco o seis meses. Esta situación de parálisis administrativa tiene un impacto directo en la vida de los ciudadanos, puesto que muchos de ellos necesitan el carné de conducir de forma urgente para optar a puestos de trabajo.
El portavoz de las autoescuelas ha señalado que el origen de este cuello de botella se encuentra en la reducción de la capacidad de examen por funcionario. Siguiendo protocolos de calidad europeos, los examinadores pasaron de realizar hasta dieciocho pruebas diarias a un máximo de diez exámenes diarios. El problema radica en que el Gobierno no ha compensado esta reducción de la actividad con un incremento proporcional de la plantilla de examinadores, provocando un déficit estructural que se arrastra desde hace años.
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