La nueva tasa de basuras ha irrumpido en el debate público nacional, una ley que impulsa la directiva europea de 2018 y que exige la aplicación del principio de "quien contamina, paga". Se trata de un gravamen que busca incentivar una mejor gestión de residuos, pero su implementación en España ha generado considerable controversia. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea, que la transposición de la ley europea en nuestro país no se está haciendo correctamente por parte de muchos ayuntamientos del país.
José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía, ha contado hoy los detalles sobre el origen de esta directiva europea, de su transposición en nuestro país a través de la Ley 7/22 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y del incumplimiento o interpretación defectuosa de esta ley por parte de municipios españoles.
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