Nuria González, abogada y presidenta de la asociación feminista L'Escola, ha participado en La Noche de Cuesta de esRadio para denunciar un caso real sobre un inmigrante violador que va a poder beneficiarse de la regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez.
Una clienta —persona asistida judicialmente por Nuria González— ha sido víctima de una violación salvaje. El presunto autor, natural de la India, llevaba dos años en prisión preventiva. La fiscal pide doce años de cárcel. La juez lo suelta y él huye. Y esta persona puede acogerse a la regularización porque resulta que llevaba más de seis meses en España.
"Correcto. La juez lo suelta a menos de un mes del juicio. Porque dice que ya, para lo que falta del juicio, lo soltó. Ya salió incluso en la prensa, porque fue un escándalo. Pero esta persona, como llegó a España y nada más llegar cometió ese delito, no tiene ningún otro antecedente policial, no tiene ningún antecedente penal, porque ese juicio no se ha celebrado. Su hoja como ciudadano está limpia como una patena. Y además acredita que ha llevado más de seis meses en España, puesto que estaba en prisión preventiva. Y como la presunción de inocencia no está rota, pues evidentemente podría solicitar la regularización con los criterios que tenemos ahora", ha criticado.
"Para mantener a una persona dos años en prisión preventiva, pues sobre todo estaba por los indicios, imagínate lo que había para que una fiscal pida doce años de cárcel. Pero además había un evidente riesgo de fuga, como se ha podido comprobar en cuanto ha puesto un pie en la calle", ha apuntado la abogada.
"Esta persona puede volver a entrar a España, no hay ningún problema porque ni siquiera le retiraron el pasaporte ni absolutamente nada, y podría perfectamente cumplir los requisitos, porque los requisitos que se han puesto no exigen nada. O sea, no exigen ya que no haya un antecedente penal, ni siquiera exigen que no tenga juicios pendientes por delitos graves", ha denunciado.
"De hecho hemos visto cómo hay una circular del Ministerio del Interior, que además el departamento de Fernando Grande-Marlaska se ha ocupado de corroborar, que las propias instituciones penitenciarias han hecho correr la información de que todo el que esté en prisión preventiva sin condenas en firme, pues puede acogerse a la regulación. Hay que entender que en este país una condena en firme puede tardar diez años", ha advertido González.
"La condena en firme quiere decir que ya no cabe ningún recurso más. O sea, podría ser hasta el Tribunal Supremo. Como te digo, eso son cinco, seis, siete años, más la instrucción, diez años. En esos diez años esas personas no tienen ningún tipo de antecedente penal, que es lo único que se pide y que hay que ver cómo se pide, porque se pide, si no se lleva no pasa nada, pasan tres meses y luego han pasado otros siete meses".
"Ni siquiera has tenido el cuidado de decir: oiga, quien tenga juicios pendientes por delitos muy graves, pues oiga, no se pueden acoger. La gente que está en prisión preventiva, los jueces los meten en prisión preventiva por algo. En España la prisión preventiva no es porque sí, ni muchísimo menos. Es muy difícil, es muy complicado, porque los jueces son muy garantistas y antes de tener un culpable en la calle —o sea, un inocente en la cárcel— prefieren tener un culpable en la calle. Eso es así en este país".
"En términos de la regularización, todas estas personas, independientemente del delito por el que estén en prisión provisional, pues tienen más que acreditadas sus situaciones". "Los juicios, bueno, en el penal son un poco más cortos, pero en el contencioso-administrativo los juicios se pueden señalar para dentro de tres o cuatro años. Un despido de 2025 yo lo tengo señalado para 2028", ha concluido la abogada.
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