El subinspector de Policía y portavoz de JuntosPOLGC, Alfredo Perdiguero, ha alertado sobre las contradicciones y riesgos que plantea el proceso de regularización masiva de inmigrantes impulsado por el Gobierno, especialmente en lo relativo a los controles, los recursos disponibles y la seguridad jurídica.
En su intervención en La Noche de Cuesta, Perdiguero ha cuestionado algunos de los mecanismos previstos en la norma, como la posibilidad de que los solicitantes permanezcan en España mientras se tramita su expediente, incluso durante un año. Según ha explicado, esto puede generar situaciones "incongruentes", como el hecho de que un progenitor pueda ser expulsado mientras sus hijos permanecen en el país por arraigo.
Uno de los aspectos más criticados por el portavoz de JuntosPOLGC es la paralización de las órdenes de expulsión para quienes inicien el proceso de regularización. Perdiguero ha advertido de que esta medida podría permitir que personas con antecedentes o procedimientos abiertos eviten su salida del país. Ha señalado que muchas órdenes de expulsión ya no se ejecutan en la práctica, y que esta nueva vía podría ampliar aún más esa situación.
El colapso administrativo
Perdiguero también ha denunciado la falta de recursos humanos y materiales para gestionar el volumen de solicitudes. Según ha indicado, actualmente existen cientos de miles de expedientes sin resolver, una parte importante de ellos vinculados al arraigo.
Además, ha criticado la decisión de incorporar personal externo, como trabajadores de empresas públicas como Correos, para agilizar los trámites administrativos. Considera que estas funciones requieren formación especializada y que deben ser realizadas por profesionales con experiencia en extranjería, especialmente para verificar la documentación o detectar los posibles fraudes.
El portavoz policial ha puesto en duda la legalidad de algunos aspectos de la regularización, especialmente en lo relativo a los solicitantes de protección internacional. Ha señalado que, según las distintas normativas y la jurisprudencia, estas personas no deberían poder acceder automáticamente a los permisos de residencia por arraigo.
Por último, Perdiguero ha insistido en que la dificultad para comprobar antecedentes penales o la autenticidad de los documentos podría derivar en una falta de control en el proceso. Esto podría permitir que personas con historial delictivo accedan a la regularización si no se verifican adecuadamente sus datos.
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