Miles de denuncias por pérdida de pasaporte están poniendo en cuestión los supuestos mecanismos de control del decreto de regularización de inmigrantes en situación irregular que impulsa el Gobierno. Así lo ha advertido Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL, en una entrevista en esRadio, en el programa La Noche de Cuesta, donde ha alertado de un fraude masivo que ya estaría produciéndose incluso antes de la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado.
Según ha explicado, se está cumpliendo exactamente lo que el sindicato policial venía denunciando desde el anuncio de la medida. "Está pasando lo que avisamos que iba a pasar cuando ni tan siquiera se ha publicado todavía el real decreto en el BOE", ha señalado, advirtiendo además de un posible "aumento exponencial" de extranjeros que acudirían a España para regularizar su situación sin controles efectivos.
Un fraude en expansión
Domínguez ha detallado que la propia Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha detectado un incremento muy significativo de denuncias por pérdida o sustracción de documentación. "Estamos hablando de un 866% de aumento de denuncias de ciudadanos paquistaníes y de un 356% en el caso de argelinos", ha precisado.
La práctica consiste en acudir a una comisaría y denunciar la supuesta pérdida del pasaporte o del documento de identidad para obtener un justificante oficial que permita acreditar una estancia en España superior a cinco meses, el requisito clave que contempla el decreto. "Están utilizando a la policía para cometer un fraude", ha denunciado el portavoz de JUPOL.
Mafias y vulnerabilidad
Preguntado por el origen de esta práctica, Domínguez ha apuntado tanto a iniciativas individuales como a la actuación de mafias organizadas. "Entre ellos funciona mucho el boca a oreja, pero también estamos dejando a estas personas en manos de las mafias", ha afirmado, recordando que este tipo de estafas ya se producen habitualmente con las citas de extranjería.
En este sentido, ha subrayado que la situación genera una grave inseguridad jurídica para los agentes y una sobrecarga de trabajo en comisarías y oficinas de denuncias. "Todavía no ha sido ni tan siquiera publicado en el BOE y ya estamos sufriendo esa inseguridad jurídica", ha advertido.
Identificación imposible
Uno de los principales problemas, según Domínguez, es la dificultad real para identificar a estas personas cuando carecen de documentación. El oficio interno de Extranjería insta a realizar una "identificación plena", pero el portavoz de JUPOL ha sido tajante: "Si no ha realizado ningún trámite previo con la Policía Nacional y ha estado totalmente oculto, no hay manera".
Ha explicado que, en muchos casos, la identidad que figura en los registros se basa únicamente en los datos facilitados por el propio inmigrante en su primer contacto con las autoridades. "¿Será cierta esa afiliación? Pues no lo sabemos", ha reconocido.
Críticas al Ministerio del Interior
Domínguez también ha asegurado que existen mandos de la Dirección General de la Policía "muy disgustados" con esta regularización extraordinaria, al haberse diseñado sin contar con la Policía Nacional, pese a tratarse de una competencia exclusiva del cuerpo.
Finalmente, se ha mostrado muy crítico con las explicaciones ofrecidas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Tras escuchar sus declaraciones, ha sentenciado: "No he entendido nada. Cada vez que habla sube el pan".
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