La entrevista al abogado penalista José Antonio Siles en La Noche de Cuesta ha servido para desmontar el último anuncio de Pedro Sánchez sobre la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años y la persecución de los llamados "discursos de odio". En la conversación con Carlos Cuesta, Siles ha advertido de que la medida es jurídicamente débil, difícil de aplicar y con serios riesgos para la privacidad y las libertades fundamentales.
El presidente del Gobierno ha presentado esta iniciativa como parte de un paquete de cinco medidas legislativas y regulatorias contra lo que ha definido como "abusos de las grandes plataformas digitales", incluyendo ataques directos al propietario de X, Elon Musk, y el anuncio de que será delito la manipulación de algoritmos para amplificar contenido ilegal.
Una prohibición "utópica" y de difícil encaje legal
Para Siles, la propuesta parte de una premisa poco realista. "Una prohibición absoluta y generalizada ya es jurídicamente débil", ha afirmado, señalando que aunque el objetivo declarado sea proteger a los menores de contenidos nocivos —pornografía, abuso o desinformación—, la forma elegida plantea enormes problemas legales.
El abogado ha explicado que la medida exigiría una nueva reforma legislativa, obligaría a las plataformas a implantar sistemas efectivos de verificación de edad y abriría un escenario incierto sobre las responsabilidades legales . "No sabemos si se hablaría de delito, sanciones administrativas o civiles; está todo un poco en el aire", ha resumido.
Choque con derechos ya reconocidos a los menores
Uno de los puntos clave de la entrevista ha sido la contradicción con el marco legal actual. Siles ha recordado que en España los menores a partir de los 14 años ya tienen derechos reconocidos, como el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.
"Establecer una prohibición hasta los 16 años contradice el propio ordenamiento jurídico español", ha advertido, añadiendo que el Gobierno intenta equiparar esta norma a otros países sin tener en cuenta que los modelos legales son completamente distintos.
España no es Australia ni Francia
Siles ha desmontado también la comparación internacional utilizada por el Ejecutivo. "Australia no tiene Constitución, y en países como Francia, Dinamarca o Reino Unido se plantean limitaciones parciales, no prohibiciones totales y generalizadas como aquí", ha explicado.
Por eso, ha insistido en calificar la propuesta como una utopía política: "En la teoría suena bien, pero en la práctica va a ser profundamente desconcertante".
El "paquete político" y el control del discurso
Carlos Cuesta ha ido más allá, sugiriendo que el anuncio encierra un claro componente ideológico. Según ha señalado, el debate en redes sociales ha cambiado en los últimos años y ahora resulta mucho más incómodo para la izquierda.
"La sensación es que se ha colado el paquete político: una norma que no se podrá aplicar de forma general, pero que sí permitirá perseguir a medios, creadores y usuarios concretos, acusándolos de inyectar ‘discurso de odio’", ha advertido el periodista.
Riesgo para la privacidad de los menores
En esta línea, Siles ha alertado de que las medidas adicionales anunciadas incluyen mecanismos de control encubiertos, como la creación de una especie de huella de odio o polarización para medir qué plataformas alimentan divisiones sociales.
Pero el mayor peligro, según el abogado, está en la privacidad. "Para verificar la edad se van a exigir datos sensibles, como identidad o incluso el rostro de los menores", ha señalado, planteando una pregunta clave: "¿Quién va a gestionar esos datos y cómo se van a proteger frente a filtraciones o usos indebidos?".
Para Siles, el recorrido de la medida es muy limitado. "Sea cual sea la finalidad que se anuncie, el riesgo para la privacidad y las libertades es enorme, y el encaje legal, muy pobre", ha concluido.
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