Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia e ingeniero de Caminos, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para analizar si puede haber responsabilidades penales para el ministro de Transportes, Óscar Puente por la tragedia ferroviaria de Adamuz.
Portero ha dicho que "posiblemente sí, porque aquí hay varios agentes implicados, empezamos por ADIF, que no cumple con sus deberes y no presenta el informe de auditoría, que, en el fondo, tiene que presentar todos los años a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que no lo ha recibido, pero es que en ese informe se recogen, digamos, todas las incidencias de los maquinistas, de los propios técnicos de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, se recogen todas las comprobaciones de los arreglos de años anteriores. Se recogen una serie de cosas que por supuesto ADIF no ha cumplido, con lo cual, ya estamos hablando de alguien implicado".
"Y, lo único, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria tiene que comprobar todo lo que se ha hecho por parte de ADIF, y lo único, si uno se mete en la web de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, verá que solo está el informe del año 2024 y de una manera muy generalista, donde ya se indicaba en ese informe que había problemas en la rodadura, es decir, ya se daba a entender de que no estaba bien la vía ferroviaria", ha añadido el presidente de Dignidad y Justicia.
"Los responsables de la Agencia de Seguridad Ferroviaria, la Agencia Estatal, que gracias a Dios sí son técnicos, pero forman parte del gabinete del Ministerio de Transportes, es decir, ya es cuando se enlaza con el Ministerio de Transportes, porque la secretaria General de Transporte Terrestre, es decir, ya forma parte de ese ministerio, y es en un momento en el que entra ya el ministerio, es decir, ya las decisiones pasan arriba y las decisiones se toman arriba", ha apuntado.
"¿Y cómo se toman? Pues a base de las aprobaciones de los presupuestos que hay dedicados a las infraestructuras, y como ya hemos comentado, España se dedica la mitad de la mitad de Alemania y la mitad de Francia, es decir, es un desastre. No solo en ferrocarriles, sino también en carreteras, y es que ahora también están saliendo compañeros ingenieros de caminos, también denunciando que las infraestructuras de las presas tienen, digamos, una inversión del 10% respecto al dinero que se dedica al ecologismo de los ríos", ha dicho Portero.
"Es decir, una barbaridad. O sea, estamos viendo que las infraestructuras en España no se cuidan, porque aquí, como no hay que cortar lazos, como embalses o presas que se hicieron hace muchos años, o carreteras que se hicieron hace mucho, y al Gobierno socialista lo único que pretende es la pantalla, la luz y el sonido, pues evidentemente no hacen nada", ha denunciado Portero.
"Yo lo que le digo a la jueza de Montoro, a la Guardia Civil y a todos los que estén investigando, es que pidan las auditorías de años anteriores, ya que no se ha hecho la del 25, que pidan la del 24, la del 23, que va a hablar de los mismos errores".
"Pienso que la toma de decisión de la bajada de velocidad en todos los tramos de la red estatal, puede ser esas notas internas que tiene la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Seguramente, serían esas notas internas que no han querido salir a la luz, porque nadie las quiere… Bueno, vamos a ver si una jueza las solicita, evidentemente se las tiene que facilitar la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria", ha opinado Portero.
"Yo no dudo de la profesionalidad de la presidenta y del director, que son ingenieros también de caminos, pero lo que sí dudo es de la transparencia del Ministerio de Transportes, que no hace públicos esos informes y esas notas internas que tan importantes son, y que las están aplicando ahora, que seguramente serían las recomendaciones del año 2024, en las que se decía que había que bajar la velocidad hasta que se arreglara la infraestructura, y lo están haciendo ahora a toda la velocidad, para parecer que están cumpliendo con esos informes. Estoy convencido."
"Si esos informes existen en el año 2024, y esas notas internas están en el año 2024, y las pide la Guardia Civil por orden de la jueza de Montoro, o de la Audiencia Nacional, o del Tribunal Supremo, o de quien sea, dentro de la autoridad judicial, hay que entregarlas. Y evidentemente aquí no vale ni trampa ni cartón. Si las recomendaciones de reducción de velocidad son del año 2024, aquí hay un tema gravísimo de negligencia y de homicidio por negligencia. Y esa es la clave. Esos informes que tiene la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. ¿Por qué? Pues porque tiene la obligación de, de alguna manera, ser el órgano de supervisión de ADIF. Y es quien tiene y custodia esa documentación. Por consiguiente, pues que la jueza se lo pida", ha concluido Portero.
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