Luis Sanz, magistrado y miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ha intervenido en La Noche de Cuestade esRadio para analizar la petición de indulto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo, y ha advertido del grave impacto institucional que tendría una eventual concesión por parte del Gobierno.
Durante su conversación con Carlos Cuesta, Sanz ha explicado que existen dos planos diferenciados: la solicitud del indulto y su concesión. Sobre el primero, ha subrayado que el Ministerio de Justicia está obligado a tramitarlo. "La petición del indulto obliga al Ministerio de Justicia a tramitar esa solicitud", ha señalado, detallando que el procedimiento consiste en recabar informes del tribunal sentenciador —en este caso el Tribunal Supremo—, del Ministerio Fiscal y de la persona agraviada, antes de elevar la cuestión al Consejo de Ministros.
Informes preceptivos pero no vinculantes
Según ha precisado, esos informes son "preceptivos, pero no vinculantes", por lo que la decisión final corresponde exclusivamente al Ejecutivo, que puede conceder el indulto "y con qué extensión".
En cuanto a los plazos, Sanz ha explicado que no existen tiempos cerrados, aunque ha apuntado que, tomando como referencia precedentes recientes, el proceso puede prolongarse "de seis meses a un año".
El magistrado ha sido especialmente crítico con la figura del indulto, regulada por una ley de 1870. A su juicio, se trata de una herramienta desfasada que erosiona el equilibrio institucional. "Yo creo que el indulto es una institución caduca y que debilita muy gravemente la separación de poderes, convirtiendo al poder ejecutivo en la cúspide del poder del Estado", ha afirmado.
Sanz ha señalado que, en la práctica, el indulto supone dejar sin efecto una sentencia judicial firme, algo que considera grave en cualquier circunstancia, pero especialmente cuando afecta a personas próximas al poder político. "Me parece especialmente grave en aquellos casos en que el indulto recae sobre una persona que está en las cercanías del poder político", ha recalcado, añadiendo que, en este caso concreto, le parecería "particularmente grave".
El Tribunal Supremo no se reescribe
El magistrado ha recordado además que se trata de una condena dictada por el Tribunal Supremo y ha insistido en que el Ejecutivo no debería corregir ni reinterpretar ese fallo. "Estamos hablando del Tribunal Supremo de España, que ha dictado una sentencia hace cuatro días. Entonces, el poder ejecutivo no es quien para reescribir esa sentencia", ha advertido.
También ha apuntado que uno de los elementos habituales en muchos indultos es el arrepentimiento del condenado, algo que, según ha dicho, aquí no se ha producido: "Muchos indultos llevan pareja un arrepentimiento del condenado, que aquí desde luego no se ha producido".
Preguntado por Carlos Cuesta sobre un escenario hipotético en el que, tras un indulto, Álvaro García Ortiz pudiera volver a ser nombrado fiscal general del Estado, Sanz ha reconocido que, desde el punto de vista legal, sería posible. "Eliminada la inhabilitación, estaría limpio. Podría ser", ha afirmado, aunque ha matizado que le parecería "muy sorprendente y muy difícil".
Un escenario legalmente posible
En todo caso, el magistrado ha insistido en que la última palabra corresponde al Gobierno, con independencia de los informes técnicos. "Esto es una decisión del Gobierno que no está supeditada por lo que diga ni siquiera el tribunal sentenciador", ha recordado, evocando precedentes polémicos como los indultos del procés.
Sanz ha concluido expresando su deseo de que la medida no llegue a aprobarse: "Confiemos en que este indulto no se conceda, porque yo creo que no se dan sinceramente las condiciones para ello".
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