Javier Gómez de Liaño, abogado, ha intervenido en el programa de radio de esRadio La Noche de Cuesta para analizar la actuación de la Fiscalía en el caso que afecta a Julio Iglesias, tras el archivo de las diligencias abiertas a raíz de una denuncia presentada por una organización.
Durante la entrevista con Carlos Cuesta, Gómez de Liaño ha calificado de "anómala" la actuación del Ministerio Fiscal desde el inicio del procedimiento y ha cuestionado tanto la forma como el fondo de la investigación.
Según ha explicado, se trata de una actuación "preprocesal" iniciada tras una denuncia presentada el pasado 5 de enero, algo que, a su juicio, ya resulta irregular. "Lo lógico y natural es que esa denuncia no hubiese ido a la Fiscalía, sino a uno de los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional", ha señalado, subrayando que es el juez quien debe examinar en primer lugar su competencia y el procedimiento a seguir.
Gómez de Liaño ha insistido en que le ha parecido "extraña la actuación de la Fiscalía", especialmente teniendo en cuenta que el asunto podría haber recaído directamente en un Juzgado Central de Instrucción. Además, ha denunciado que se impidiera a la defensa de Julio Iglesias acceder a las actuaciones. "Cuando la defensa pretende tomar conocimiento de esa investigación que se está llevando en Fiscalía, se le rechaza con unos argumentos muy poco convincentes", ha afirmado.
Vulneración del derecho de defensa
El abogado ha advertido de que esa negativa vulnera principios esenciales del proceso penal. "El propio Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal está diciendo que cualquier tipo de actuación, incluso estas llamadas preprocesales, han de hacerse con respeto a los principios de contradicción y de defensa. Y eso es evidente que no se produjo así", ha recalcado.
Carlos Cuesta ha recordado que la defensa jurídica del cantante solicitó personarse en la causa para conocer de qué se le acusaba, una petición que fue rechazada. Gómez de Liaño ha confirmado que el afectado tenía derecho a acceder al procedimiento salvo que este estuviera declarado secreto con una justificación jurídica real.
Otra de las cuestiones que ha considerado especialmente llamativas es la rapidez con la que se archivó el caso tras tomar declaración a las denunciantes. "Es anómalo que al día siguiente de recibir declaración en calidad de testigos, denunciantes o víctimas protegidas se dicte el decreto de archivo por entender que la jurisdicción española no es competente", ha explicado, añadiendo que esa falta de competencia "saltaba a la vista" desde el primer momento según los propios hechos relatados en la denuncia.
A su juicio, la Fiscalía debería haber advertido desde el inicio que el caso no encajaba en los supuestos de competencia recogidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. "Eso se sabía el primer día", ha insistido.
Dudas sobre la solidez del caso
Más allá de las irregularidades procesales, Gómez de Liaño también ha puesto en cuestión la credibilidad de los hechos denunciados. Ha señalado que, tras conocerse determinados detalles publicados por la prensa, "en principio no parece que tengan muchos visos de credibilidad".
Preguntado por los pasos que podrían darse a partir de ahora, el abogado ha explicado que, si existe algún tribunal competente, sería el de la República Dominicana. "Hoy por hoy el único tribunal competente es el que reside en la República Dominicana", ha indicado, dejando en el aire si las denunciantes reproducirán allí la denuncia
Por último, ha sido contundente al valorar el conjunto del procedimiento en España: "Por lo que se refiere a la actuación de la Fiscalía en España, a mí me ha parecido muy inconsistente, muy incoherente y quizá también alguna cosa más que me ahorro de decir por consideración y prudencia".
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