Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación, ha intervenido en esRadio en el programa La Noche de Cuesta para denunciar la nueva prórroga del bloqueo a los desahucios incluida por el Gobierno en un decreto ómnibus y alertar del impacto que esta medida tiene sobre miles de propietarios en toda España.
Durante la entrevista, Bravo ha advertido de que la decisión del Ejecutivo supone prolongar por séptimo año consecutivo una normativa que, a su juicio, legitima la okupación y deja desamparados a los propietarios, mientras se utiliza políticamente junto a otras medidas sociales.
El decreto ómnibus como instrumento político
El portavoz de la plataforma ha explicado que el Gobierno ha optado por incluir la prórroga del bloqueo a los desahucios en un decreto que incorpora medidas sociales de amplio consenso, como la subida de las pensiones o las ayudas al transporte. En su opinión, se trata de un chantaje político y social que impide un debate individualizado en el Parlamento.
"Meten en un decreto medidas que pueden favorecer a muchísimos ciudadanos junto a una medida que lo que hace es legitimar la okupación", ha denunciado Bravo, quien ha subrayado que esta prórroga se extiende ya hasta 2026. Según ha añadido, miles de afectados sienten que "otro año vuelven a utilizarnos, a sacrificarnos, obviando todo nuestro sufrimiento y obviando nuestros derechos a la legítima propiedad".
Derecho de propiedad y compensaciones
Bravo ha recordado que el artículo 33 de la Constitución protege el derecho a la propiedad privada y que cualquier limitación extraordinaria debería ir acompañada de un sistema de compensaciones. Sin embargo, ha señalado que la realidad dista mucho de ese principio. "Este real decreto de compensaciones lo que hace es constitucionalizar el asalto que están haciendo a nuestras propiedades", ha afirmado.
En este sentido, ha citado datos publicados por El País, según los cuales desde 2020 solo se han abonado unas 3.000 compensaciones frente a los cerca de 80.000 afectados que, según la plataforma, existen actualmente. Para Bravo, siete años después ya no puede hablarse de una medida ni temporal ni excepcional, sino de "una usurpación del Gobierno a nuestras propiedades".
Vía europea y presión política
Ante esta situación, la Plataforma de Afectados por la Okupación ha decidido intensificar tanto la vía política como la judicial. Bravo ha confirmado que la denuncia ya ha sido trasladada a instancias europeas, aunque ha reconocido que se trata de un proceso lento. Paralelamente, la plataforma mantiene contactos con distintos partidos para intentar frenar la prórroga cuando se vote el próximo día 27.
"Hemos tenido reuniones con Junts, con el PNV y hoy mismo con Coalición Canaria, y vamos a seguir", ha explicado. El objetivo es que los grupos voten en contra del decreto ómnibus y se puedan debatir las medidas una a una, diferenciando las ayudas sociales de la protección a okupas e inquiokupas.
Una posible ventana judicial
Bravo no ha descartado aprovechar cualquier resquicio legal si el decreto decae temporalmente, como ya ocurrió el año pasado durante unos días. "Vamos a intentar cualquier hueco que nos puedan dejar", ha señalado, aunque ha insistido en que la solución de fondo pasa por que sea el propio Gobierno quien asuma la atención a las familias vulnerables, sin trasladar esa carga a los propietarios.
El portavoz ha concluido reclamando apoyo social y político para frenar una medida que, según ha advertido, está provocando el efecto contrario al que se proclama: se está expulsando del mercado del alquiler a los más vulnerables y generando un sufrimiento enorme a miles de familias que llevan años padeciendo la okupación y la inacción del Ejecutivo.
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