La consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha cargado contra el modelo de financiación anunciado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, al considerar que no se trata de una reforma del sistema autonómico, sino de una "compra de votos" diseñada para cumplir las exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña.
Albert ha rechazado que la propuesta del Gobierno pueda calificarse como un nuevo modelo de financiación autonómica. A su juicio, lo que se ha hecho es pactar primero un resultado con ERC y construir después el modelo "hacia atrás" para justificarlo. "Esto no es una nueva propuesta, es una compra de votos para seguir en la Moncloa", ha afirmado.
Un pacto para garantizar la ordinalidad a Cataluña
Según ha explicado en La noche de Cuesta, de esRadio, el objetivo central del acuerdo es asegurar que Cataluña cumpla el principio de ordinalidad, una de las principales demandas del independentismo. Para ello, ha señalado que se han creado fondos específicos que suponen más de 4.600 millones de euros adicionales para Cataluña, mientras el resto de comunidades quedan al margen de ese trato.
Albert ha subrayado que este criterio se garantiza para Cataluña, pero no para comunidades como Madrid o Baleares, lo que, a su juicio, rompe cualquier principio de equidad en el sistema.
Dudas sobre su encaje constitucional
Preguntada por la constitucionalidad del modelo, la consejera ha mostrado serias dudas. Ha criticado la forma en la que el Gobierno ha gestionado el proceso, comenzando por la reunión del presidente Pedro Sánchez con Oriol Junqueras y la posterior falta de información a las comunidades autónomas.
En este sentido, ha advertido de que la intención del Ejecutivo de limitar la capacidad de las comunidades para bajar impuestos carece de respaldo constitucional. "Está recogido en la Constitución que las comunidades podemos subir o bajar impuestos", ha recordado, citando el ejemplo de Madrid, que los reduce, frente a Cataluña, que los incrementa. "Por ahí no vamos a pasar", ha sentenciado.
Un sistema que penaliza a Madrid
Por otra parte, Albert ha alertado de que el nuevo esquema supondría un mayor esfuerzo para Madrid, a la que ha definido como "el paganini de toda esta fiesta". Según los cálculos manejados por su departamento, con el nuevo sistema Madrid aportaría 874 millones de euros más, mientras Cataluña aportaría 753 millones menos al sistema de financiación autonómica.
La consejera ha recordado que Madrid ya asumía el 76% del esfuerzo, una carga que aumentaría aún más con el modelo planteado por el Gobierno. "Al final, Madrid va a mantener al resto con su actividad económica", ha afirmado.
A juicio de Albert, el sistema no solo no premia a las comunidades que fomentan la actividad económica y reducen impuestos, sino que las castiga. "El que baja los impuestos se le castiga", ha denunciado, mientras que se beneficia a quien puede presionar políticamente al Gobierno central.
En este contexto, ha asegurado que la Comunidad de Madrid no permitirá que el sistema de financiación se utilice para perjudicar a los españoles a cambio de contentar a los independentistas.
Respuesta jurídica en marcha
La consejera ha confirmado que el Ejecutivo madrileño ya estudia todas las vías legales para responder a la propuesta del Gobierno. "Claramente", ha afirmado al ser preguntada por los recursos judiciales, en línea con la preparación de una ofensiva legal anunciada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Albert ha insistido en que, a falta de documentación oficial detallada, los cálculos iniciales ya muestran un reparto que rompe la solidaridad entre territorios y utiliza la financiación autonómica como herramienta política.
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