Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, ha valorado en La Noche de Cuesta, en esRadio, la condena del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Ribón ha destacado que el fallo supone la confirmación de que "todavía tenemos instituciones en las que podemos confiar" incluso cuando se trata de enfrentarse "a las más altas autoridades del Estado".
El decano ha recordado que la acción del Colegio no respondía a un interés corporativo, sino a la defensa de un pilar constitucional: "No es un privilegio gremial del abogado. Es un derecho de los ciudadanos para que puedan tener la certeza de que, ante cualquier conflicto, van a tener acceso a la justicia con plenas libertades y con todas las garantías".
La nota de prensa que desveló la filtración
Ribón ha subrayado la importancia de la prueba que vinculó a García Ortiz con la difusión de información protegida. Ha explicado que, frente al argumento de la defensa basado en el borrado de los terminales, lo determinante fue "la nota de prensa" enviada por la Fiscalía y replicada por medios antes de su publicación oficial. El contenido revelaba comunicaciones entre el equipo jurídico y el Ministerio Público.
El decano ha señalado que la cadena de mensajes se reconstruyó gracias a que "Álvaro García Ortiz se olvidó de que había un terminal que lo recibía: el de Pilar Rodríguez". Esa trazabilidad, unida al borrado masivo de sus propios dispositivos, resultó concluyente. "Difícil es entender que alguien borra aquello que no le inculpa", ha destacado.
En su opinión, la sentencia demuestra que el sistema ha funcionado gracias a los contrapoderes: "La división de poderes, los medios que informan y las instituciones de la sociedad civil permiten que el Estado de Derecho opere incluso en situaciones de extrema presión".
El Colegio actuó para preservar el derecho de defensa
Ribón ha insistido en que la intervención del Colegio no tenía finalidad política: "Se ha procurado preservar el derecho de defensa con independencia de cuál fuera el ofendido o cuál fuera el autor. Se defiende nuestro sistema de convivencia, nuestro marco democrático y el Estado de Derecho".
Carlos Cuesta ha señalado que la presencia del Colegio en la acusación popular resultó decisiva ante la campaña de descalificaciones desatada incluso después de la sentencia del Supremo. Ribón ha respondido que su obligación era velar por el funcionamiento regular de las garantías constitucionales: "El Estado funciona aun cuando te tengas que enfrentar a las más altas autoridades del Estado".
Respuesta a Carmen Calvo
Preguntado por Sandra León sobre las declaraciones de la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, que ha cuestionado el encaje constitucional de la condena alegando el artículo 25 de la Constitución, Ribón ha sido tajante: "Tenemos una excelente sala del tribunal compuesta por magistrados de primer orden en el Tribunal Supremo, en la Sala Segunda. Quienes son especialistas en materia penal y quienes han dedicado su vida al estudio del derecho son precisamente quienes han dictado esta sentencia".
El decano ha remarcado así que la interpretación jurídica corresponde a los órganos jurisdiccionales, cuya legitimidad y profesionalidad ha reivindicado a lo largo de toda la entrevista.
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