La portavoz de JUPOL, Laura García, ha denunciado este jueves en una entrevista concedida a Carlos Cuesta en el programa La Noche de Cuesta de esRadio los problemas que enfrentan los cuerpos policiales para expulsar a inmigrantes en situación irregular que cometen delitos graves en España. Sus declaraciones han llegado tras conocerse que tres de los presuntos autores de una agresión sexual grupal en Pamplona tenían vigente una orden de expulsión.
"Con la legislación y la normativa que hay es muy complicado expulsar, sobre todo a marroquíes, argelinos, a todos los ciudadanos de países del Magreb, ya que se tienen que dar muchísimas circunstancias, como por ejemplo que lleven su pasaporte en vigor encima en el momento que se les solicita", ha explicado García. Según ha señalado, estos delincuentes conocen perfectamente los resquicios legales: "Ellos están muy bien asesorados por los abogados de ONG, de asociaciones que les protegen y les enseñan todas las triquiñuelas".
Expedientes que se dilatan en el tiempo
La representante sindical ha puesto como ejemplo los retrasos administrativos y judiciales que permiten a muchos inmigrantes permanecer en España en situación irregular durante largos periodos: "Cuando se inicia un expediente hay un margen de seis meses para resolverse, es decir, durante esos seis meses pueden estar aquí perfectamente. También pueden solicitar una protección internacional desde el primer mes de entrada, que puede tardar hasta un año en resolverse. Un contencioso puede tardar año y medio. Son circunstancias que al final les hacen estar protegidos pero en situación irregular".
Delitos sexuales al alza
En cuanto a la delincuencia vinculada a extranjeros, García se ha apoyado en datos oficiales del Ministerio del Interior correspondientes a 2023: "Las agresiones sexuales con penetración han subido un 276% desde que está el señor Marlaska. Y todos los delitos contra la libertad sexual, un 80%". Ha añadido que, según el mismo informe, "el 62,7% de estos delitos los cometen españoles y el 37,3% los extranjeros, pero teniendo en cuenta el porcentaje de población, los extranjeros cometen el triple de este tipo de delitos".
La portavoz de JUPOL ha destacado además la nacionalidad de los implicados en estas estadísticas: "Lo dice el Ministerio del Interior en negrita, subrayado: destacan los ciudadanos de Marruecos, Colombia y Rumanía, que representan las cifras más altas. Parece ser que estas personas eran argelinas".
Reclamo de acuerdos de readmisión
Sobre la falta de información y herramientas para la policía, García ha reclamado la firma de acuerdos de readmisión con los principales países de origen de la inmigración irregular: "Hemos solicitado algo de lógica aplastante. Un acuerdo urgente con Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal para frenar la inmigración irregular y el tráfico de personas". Ha recordado que ya existe un precedente similar: "Actualmente existe un convenio bilateral entre España y Francia desde 2003, donde se garantiza que una persona que entra a Francia de forma irregular y se acredita que llegó a la UE a través de España, es devuelta automáticamente. Queremos que ese mismo principio se aplique con estos países. No vemos por qué no se hace".
García ha concluido subrayando la importancia de reforzar los mecanismos de control y la cooperación internacional: "La información es poder y es vital, sobre todo para la prevención".
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