El magistrado Luis Sanz, miembro de la Asociación Francisco de Vitoria, ha advertido de los graves riesgos que entraña la reforma del Gobierno que pretende atribuir la instrucción de los casos penales a los fiscales quitando el papel a los jueces de instrucción. "La reforma proyectada es un golpe a la independencia judicial", ha sentenciado, tras recordar que en España "siempre hemos tenido problemas de dependencia del fiscal" respecto al Ejecutivo.
"El proyecto pretende atribuir la instrucción a los fiscales", ha explicado Sanz en el programa La noche de Cuesta, de esRadio. "Es cierto que en otros países europeos, no en todos, como Francia, esta medida se ha adoptado, pero el modelo de dependencia de la Fiscalía en España es completamente distinto del resto de los países europeos. En nuestro país, el fiscal general depende del Gobierno, y por eso no se ha hecho esta reforma antes", ha recalcado.
En este sentido, el magistrado ha reconocido que "la inmensa mayoría de los fiscales son gente profesional y competente", pero ha subrayado que "los fiscales tienen una estructura jerárquica, con el principio de unidad y de dependencia". "Por tanto, hay una dependencia del fiscal general del Estado que, a su vez, depende del Gobierno", ha insistido.
"Se rompe la seguridad jurídica"
Por otro lado, Sanz ha restado además importancia a la figura del llamado "juez de garantías", que el Ejecutivo presenta como un contrapeso en la nueva estructura: "Ellos van a decir que hay una figura que controla este proceso, pero no nos engañemos. Lo único que va a controlar el juez de garantías es la duración de la instrucción, los registros, las intervenciones telefónicas y las medidas cautelares personales. El inicio o el cierre de la investigación va a depender del fiscal".
El magistrado ha advertido de que, con este modelo, se rompe la seguridad jurídica que actualmente ofrecen los jueces: "Hoy, en manos de jueces independientes, hay una seguridad absoluta de que la investigación, si tiene que seguir, va a seguir hacia adelante. Los jueces, como no tienen dependencia jerárquica, plantean una solución mucho más clara y más limpia para la instrucción".
Además, Sanz ha recordado que "la reforma que se proyecta no pasa los estándares mínimos de la Unión Europea ni del Consejo de Europa, a través de la Comisión de Venecia". "La atribución a los fiscales de la instrucción supondría la muerte de la investigación penal de la corrupción política. Y lo que es más grave, permitiría actuar con especial diligencia en causas penales contra dirigentes políticos de la oposición", ha advertido.
Los planes del Ejecutivo para limitar la acción popular
Sanz también expresado su preocupación por los cambios que el Gobierno planea en el acceso a la carrera judicial: "Aquí se pretende modificar un acceso que es modélico. Siempre se pueden hacer mejoras, pero el sistema actual garantiza el mérito y la capacidad. Es precisamente porque funciona bien que hay jueces independientes capaces de investigar a poderes políticos y económicos sin pestañear".
Finalmente, el magistrado ha alertado sobre los planes del Ejecutivo para limitar la acción popular, un instrumento constitucional que considera "esencial" en democracia: "Cuando el constituyente estableció en el artículo 125 la acción popular, lo hizo por recelo ante el papel del Ministerio Fiscal y para permitir el acceso democrático a la acción penal. Esta reforma la quiere cercenar. No la puede eliminar sin una reforma constitucional, pero sí desarticularla de facto hasta dejarla reducida a la nada".
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