El caso de las mascarillas vuelve a situar en el foco judicial a varios altos cargos del PSOE que hasta ahora no figuraban directamente afectados. El exministro José Luis Ábalos ha solicitado formalmente que declaren como testigos en el juicio los ministros Ángel Víctor Torres y Fernando Grande-Marlaska, así como la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Así consta en su escrito de defensa, presentado ante el tribunal.
La petición se produce en un contexto marcado por los contratos de emergencia firmados durante la pandemia. En el caso del Gobierno de Canarias, presidido entonces por Ángel Víctor Torres, se abonaron cerca de siete millones de euros por 2,7 millones de mascarillas, una parte significativa de las cuales resultó defectuosa. Una situación similar se dio en Baleares, donde el Ejecutivo encabezado por Francina Armengol pagó 3,7 millones de euros por 1,4 millones de mascarillas que nunca llegaron a utilizarse y quedaron almacenadas. Por su parte, el Ministerio del Interior adquirió un millón de mascarillas por un importe de 3,5 millones de euros.
La continuación de Ábalos en prisión
Más allá de estos contratos, el exministro es protagonista estos días por varias decisiones judiciales. El juez Leopoldo Puente ha rechazado la comparecencia de Ábalos en la comisión de investigación del Senado a petición del Partido Popular, al considerar que la solicitud se realizó con escasa antelación, dejando abierta la posibilidad de que se vuelva a pedir más adelante.
Además, el próximo día 15 está prevista una nueva vista en la que el juez deberá decidir si Ábalos continúa o no en prisión provisional mientras se fija la fecha del juicio de la primera causa abierta contra él. A esta situación se suma una nueva renuncia en su equipo legal. El exfiscal Carlos Bautista ha abandonado su defensa por desavenencias contractuales, alegando impagos de honorarios. Se trata del segundo abogado que deja el caso, después de que José Aníbal renunciara el pasado mes de octubre, pocos días antes de la declaración de Ábalos como investigado en el Tribunal Supremo.
En su escrito de renuncia, Bautista ha solicitado la paralización de los procedimientos para evitar una situación de indefensión. Paralelamente, el juez Puente ha rechazado que el juicio de las mascarillas se celebre con jurado popular, al considerar que la ley lo excluye en delitos cuya competencia corresponde a la Audiencia Nacional, aunque el caso haya pasado al Supremo por la condición de aforado del exministro.
En el plano político, se han conocido mensajes intercambiados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos días antes de la detención de Koldo García. En esas conversaciones, fechadas el 26 de enero, se abordaba el proceso interno del PSOE valenciano y el apoyo a distintas candidaturas. En uno de los mensajes, el presidente del Gobierno trasladaba al exministro que lo apreciaba "como a un amigo", subrayando al mismo tiempo la necesidad de unidad política.
Por otro lado, la investigación sobre Begoña Gómez continúa avanzando. La UCO analiza 22 reuniones celebradas para la creación de la plataforma digital de una cátedra universitaria, y en un escrito presentado por la empresa Making Science consta que Cristina Álvarez asistió a tres de esos encuentros. El juez ha ordenado trasladar esta información a los investigadores, al considerarse relevante en la causa por presunta malversación.
La relación del PSOE con Venezuela
En el ámbito internacional, persisten las informaciones sobre la relación del PSOE con Venezuela. Diversos medios apuntan a la implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en negociaciones políticas relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro y con contactos con Estados Unidos. En una reciente comparecencia, el ministro de Asuntos Exteriores evitó confirmar ese papel, aunque defendió la labor del expresidente como mediador y reclamó respeto hacia su figura.
Mientras tanto, Estados Unidos ha intensificado su presión sobre el entorno venezolano, con la interceptación de petroleros vinculados a Rusia y Venezuela y con nuevas restricciones a la comercialización del crudo venezolano sin autorización expresa de Washington. Estas decisiones se producen en un contexto de creciente tensión internacional y de debate interno en España sobre el posible envío de tropas a Ucrania en caso de alto el fuego, una medida que requeriría el respaldo del Congreso de los Diputados.
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