El Gobierno ha propuesto oficialmente a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado en sustitución de Álvaro García Ortiz, condenado recientemente por el Tribunal Supremo. La candidata, especialista en violencia de género y con más de tres décadas de experiencia, ha sido aplaudida desde el Ejecutivo por su compromiso feminista, especialmente durante las manifestaciones del 25-N, donde la ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó su "lucha incansable" contra la violencia machista.
Peramato ha desempeñado funciones como jefa de los fiscales de sala del Tribunal Supremo y presidió en su día la Unión Progresista de Fiscales, la misma asociación que organizó un aplauso colectivo para García Ortiz antes del inicio de su juicio. Desde el ámbito fiscal se interpreta su elección como una apuesta por la continuidad, tanto ideológica como estructural.
Pese al discurso del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ha defendido que su nombramiento servirá para reforzar la independencia de la carrera fiscal, diversas voces dentro de la Fiscalía recuerdan que Peramato fue una de las más firmes defensoras de la ley del ‘solo sí es sí’, incluso cuando ya eran públicos los efectos de la norma y las excarcelaciones de agresores sexuales.
El Consejo General del Poder Judicial se reunirá en las próximas horas para emitir su dictamen, no vinculante, sobre su designación. Cabe recordar que su antecesor fue el primer fiscal general sin aval del CGPJ.
Tensión institucional
Tras la condena del exfiscal general por revelación de secretos, el Gobierno ha lanzado una campaña de respaldo político que incluye el uso de fórmulas como "acatar la sentencia por deber legal", pronunciada por el propio Bolaños. Desde el entorno de Sumar y Podemos, se han intensificado las críticas al Tribunal Supremo, con la vicepresidenta Yolanda Díaz pidiendo públicamente "movilización en defensa de la democracia".
Además, Díaz ha calificado la sentencia como "anómala" por haberse adelantado antes de conocerse el texto completo, una práctica habitual en casos como La Manada, los ERE o el caso Asunta. Mientras tanto, Ione Belarra ha acusado al Supremo de protagonizar un "escándalo democrático".
El Ejecutivo trabaja en la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, donde existe una mayoría favorable al Gobierno. Incluso se ha confirmado que el presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, se abstendría en caso de que García Ortiz recurra, lo que permitiría un equilibrio 6-5 que favorecería al recurso.
Ábalos, Koldo y Aldama ante los tribunales
La agenda judicial de esta semana culmina con un viernes decisivo, en el que coincidirán varias comparecencias clave. Por un lado, Víctor Aldama presentará ante el juez la copia de los móviles que, según su defensa, contiene pruebas relevantes contra el exministro Ángel Víctor Torres.
Por otro, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García comparecerán en una audiencia de revisión de medidas cautelares, donde podría decretarse su ingreso en prisión. La defensa de Koldo solicitó el aplazamiento por coincidencia de agenda, pero el juez solo ha retrasado la sesión hora y media.
En paralelo, crece la polémica por la posible reunión entre Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi antes de la moción de censura, revelada por El Español. Aunque los implicados han negado el encuentro, nuevas informaciones apuntan a que el móvil de Koldo, incautado por la UCO, contiene conversaciones de WhatsApp con Cerdán, Ábalos y su socio Antxon Alonso sobre la organización de la reunión. En su agenda también figurarían varios contactos vinculados a Bildu.
Corrupción socialista: gastos sin justificar y condenados contratados por la trama
La UCO investiga además un posible uso irregular de fondos por parte de Santos Cerdán, después de que se detectaran 60.000 euros en reformas de su vivienda sin facturas justificadas. A ello se suma un nuevo dato sobre la empresa Servinabar, adjudicataria de contratos públicos relacionados con el puente del V Centenario en Sevilla.
Esta empresa habría contratado al cuñado de Cerdán mientras este se encontraba en semilibertad por una condena por violencia de género. El hombre había intentado quemar la cochera de la vivienda donde dormían su pareja y sus hijos, uno de ellos con discapacidad. La pena inicial de 14 años quedó reducida a 3 y, antes de cumplirla en su totalidad, accedió al tercer grado tras ser contratado por Servinabar, donde fue su único trabajador en la obra adjudicada. Esta contratación facilitó su excarcelación anticipada.
Bruselas reprende al Gobierno por falta de presupuestos y alto riesgo fiscal
En el plano económico, la Comisión Europea ha incluido a España entre los países con mayor riesgo de incumplimiento fiscal. Bruselas critica que Pedro Sánchez sea uno de los dos únicos líderes de la UE sin presupuestos para el próximo ejercicio —el otro es Bélgica—, y alerta del aumento del gasto público y de una "situación crítica" en materia de empleo y pobreza.
Mientras tanto, Podemos ha anunciado que se abstendrá en la votación del techo de gasto, prevista para el jueves, lo que deja en manos de Junts —que asegura haber roto con el Gobierno— la aprobación o bloqueo de este límite clave para las cuentas de 2025.
Anuncio electoral en Extremadura y tensiones con Venezuela
En plena precampaña de las elecciones autonómicas de Extremadura, el Gobierno ha anunciado una inversión de 2.350 millones de euros en una fábrica de chips en Trujillo, de los que 752 millones serán de financiación pública. La ministra Pilar Alegría ha prometido la creación de 500 empleos, una medida que llega tras el desgaste causado por el anuncio del cierre de la central nuclear de Almaraz, muy impopular en la región.
Por otro lado, el Ministerio de Exteriores ha renovado su recomendación de no viajar a Venezuela por la escalada de tensión política y diplomática. Varias aerolíneas han cancelado vuelos y el régimen de Maduro ha amenazado a Iberia, Air Europa y Plus Ultra con retirarles los derechos de tráfico si no reanudan sus operaciones.
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