La Audiencia Nacional ha decidido abrir una pieza separada para investigar la presunta financiación ilegal del PSOE, una decisión que supone un nuevo revés judicial para el Gobierno y que ha provocado las primeras reacciones políticas.
La portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, destacó a través de sus redes sociales que ya son tres las instancias que aprecian indicios suficientes para abrir una investigación: la UCO, el Tribunal Supremo y la propia Audiencia Nacional. "Hace solo una semana —recordó Muñoz— Feijóo preguntó a Sánchez si podía desmentir la financiación ilegal del PSOE. El presidente se escudó tras las víctimas de la DANA para no contestar, y ahora se entiende por qué".
Mientras tanto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, intentaba justificar desde sus redes sociales el uso de pagos en metálico en su departamento, difundiendo un vídeo en el que mostraba un sobre con un anticipo de 300 euros entregado a cuatro funcionarios para gastos de viaje. Puente explicó que ese dinero era custodiado por la jefa de delegación, encargada de recopilar justificantes y devolver el sobrante, que en este caso ascendía a 224,65 euros.
El PP cita a declarar a los responsables de Bancal de Rosas
El Partido Popular ha anunciado además que llamará a declarar en la comisión de investigación del Senado a los máximos responsables de la asociación Bancal de Rosas, encargada de canalizar la financiación de las primarias de Pedro Sánchez.
Entre los citados se encuentran Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en Madrid y expresidente de la asociación, y Pedro Luis Egea, su tesorero en aquel momento y actual director de Administración y Finanzas del PSOE en Ferraz. "Serán llamados a responder por el dinero que corría por la sede del partido", señaló la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que no descartó que pudieran negarse a declarar o incurrir en falso testimonio.
Vox presenta una querella contra Torres por falso testimonio
En paralelo, la comisión de investigación del Senado volverá a citar por cuarta vez al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, después de que se haya comprobado que su relación con Koldo García fue mucho más estrecha de lo que declaró inicialmente.
Torres había sostenido que su vínculo con el principal investigado en la trama era "anecdótico", aunque los mensajes intervenidos por la UCO lo describen como "el íntimo de Koldo". También negó haber presionado a funcionarios para favorecer a la empresa Soluciones de Gestión, pese a los audios que lo desmienten y que revelan peticiones explícitas para agilizar pagos por mascarillas defectuosas.
Por estos motivos, Vox ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra Torres por un presunto delito de falso testimonio, amparándose en el artículo 502 del Código Penal, que castiga con prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses a quienes falten a la verdad ante una comisión parlamentaria.
Junts bloquea la legislatura y anuncia enmiendas a todas las leyes del Gobierno
Al margen de los escándalos de corrupción, la tensión política ha aumentado tras el bloqueo anunciado por Junts, que ha declarado oficialmente paralizada la legislatura. El partido independentista ha anunciado que presentará enmiendas a la totalidad a todas las leyes del Gobierno, salvo cuatro excepciones: el Real Decreto que financia la ley ELA, la ley de movilidad sostenible, la ley del cine y la norma que obliga a las empresas a atender en catalán.
Desde el PP han reclamado la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso para explicar cómo piensa garantizar la gobernabilidad. Sin embargo, desde Moncloa mantienen un tono optimista. El jefe de gabinete, Óscar López, aseguró en TVE que el Ejecutivo "seguirá dialogando", mientras que Yolanda Díaz insistió en que los acuerdos con los independentistas "sientan bien a Cataluña".
El dirigente de ERC Gabriel Rufián, por su parte, ironizó sobre el enésimo pulso de Junts: "Qué pesados".
Estrasburgo avala al Supremo y rechaza la versión de los golpistas catalanes
Por último, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha resuelto por unanimidad que el Tribunal Supremo español no vulneró los derechos políticos de los líderes del procés al decretar prisión preventiva. La sentencia desmonta el relato de Junqueras, Turull y Jordi Sànchez, que sostenían que su encarcelamiento buscaba silenciar una alternativa política. Estrasburgo ha dejado claro que no fue así.
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