La Fiscalía pide hasta nueve años de cárcel para cada uno de los tres acusados por el naufragio del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo', que se hundió en febrero de 2022 en aguas de Terranova, en Canadá, llevándose consigo la vida de 21 de los 24 tripulantes a bordo.
En su escrito, que ha sido notificado este miércoles, el Ministerio Público acusa al patrón del buque, Juan Padín, así como a los dos máximos responsables de la armadora del barco Grupo Nores Marín: José Antonio Nores Rodríguez y José Antonio Nores Ortega, padre e hijo.
Para cada uno de ellos pide hasta nueve años de prisión como supuestos autores de 21 delitos de homicidio imprudente en concurso con un delito de lesiones por imprudencia. Este último por las lesiones sufridas por el marinero superviviente Samuel Kwesi. Además, también les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores.
Según fuentes consultadas por Europa Press, la Fiscalía también pide para Padín una inhabilitación por un periodo de 13 años para la profesión de patrón de barco. Además, solicita la misma cantidad de años de inhabilitación de los responsables de la armadora para administrar o dirigir empresas dedicadas a la pesquería.
Todo ello después de que hayan pasado ya cuatro años de la tragedia, que acabó con la vida de 21 marineros. Solo tres de las personas que viajaban en el 'Villa de Pitanxo' lograron sobrevivir, siendo uno de ellos Juan Padín, ahora imputado en la causa.
También su sobrino Eduardo Rial consiguió salir con vida del naufragio, además de Samuel Kwesi. Precisamente por la declaración de este último comenzó la investigación judicial del siniestro.
Padín y Rial contaron que el motor del Pitanxo se paró de forma repentina, quedando el barco a la deriva en medio de una fuerte tormenta, por lo que el mar acabó engulléndolo y dejando poco margen para que los 24 tripulantes pudiesen hacer algo para salvar sus vidas.
Sin embargo, Kwesi aseguró que el 'Villa de Pitanxo' había embarrado —enganchado las redes al fondo del mar—, por lo que el capitán trató de hacer varias maniobras para solucionar este problema. Así, el barco comenzaría a escorarse al no ser capaz de soltarse, entrando agua hasta que el motor se paró, sin que el patrón escuchase a los marineros que pedían que soltase las redes.
Estas contradicciones hicieron que comenzase la investigación judicial, llevando al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno a ver indicios de 21 delitos de homicidio por imprudencia, imputando a Padín y a los responsables de la armadora por los mismos. Ahora, la Fiscalía pide hasta nueve años para cada uno de ellos.