El Gobierno ha vetado la tramitación de una proposición de ley del BNG para transferir a Galicia la gestión de sus aeropuertos por el impacto negativo que tendría en las cuentas de Aena, tanto por la caída de ingresos como por el efecto que la noticia causaría en la cotización de la acción de la empresa.
La formación nacionalista gallega presentó en noviembre del año pasado una ley para que la comunidad autónoma asumiera las competencias de titularidad estatal en materia de gestión de las infraestructuras aeroportuarias que estén situadas en territorio gallego.
Como en toda proposición de ley, el Gobierno tiene la potestad reconocida en la Constitución de presentar un escrito de disconformidad con la tramitación de una propuesta legislativa si esta afecta a partidas presupuestarias, bien sea porque la iniciativa supone una caída de ingresos o un aumento de gastos.
En este sentido, el Ejecutivo ha presentado un escrito de disconformidad contra la ley del BNG, recogido por Europa Press, esgrimiendo que la propuesta supondría una disminución de ingresos de 61,5 millones de euros en las cuentas de Aena, empresa donde el Estado a través de Enaire posee el 51% de su accionariado.
El Gobierno expone que el volumen de pasajeros totales de los tres aeropuertos gallegos (A Coruña, Santiago y Vigo) en 2024 fue de 5.936.618 de pasajeros, y tomando únicamente como referencia la tarifa aeroportuaria media en la red de Aena de ese mismo año de 10,35 euros por pasajero, se produciría esa caída de 61,5 millones de euros en los ingresos que equivale a cerca de un 2% de los ingresos totales de Aena.
Además de la caída de ingresos, el Gobierno apunta que la medida también tendría un impacto negativo en los dividendos que percibe el Estado como accionista mayoritario de Aena y que van a parar al Tesoro Público.
El Ejecutivo también dice que la segregación de los aeropuertos que propone la ley "podría violentar, incluso quebrar", el principio de autosuficiencia económica y de solidaridad que rige en el sistema aeroportuario español.
El escrito expone que la ruptura del modelo de red implicaría un perjuicio económico considerable a Aena y al Estado como accionista mayoritario, impactando negativamente en el patrimonio de la sociedad y en su valor bursátil. Además de la pérdida patrimonial, el Gobierno cree que "se vería gravemente comprometido" el modelo de funcionamiento de la compañía orientado a la eficiencia.
Por último, el Gobierno considera que la medida también generaría la pérdida de valor de la participación que tiene el Estado en Aena, puesto que en anteriores anuncios y rumores sobre posibles traspasos de titularidad a las autonomías el valor bursátil de la empresa se vio afectado en negativo.
Fuentes del BNG han expresado a Europa Press que ven "injustificable" el argumento ofrecido por el Gobierno para impedir que se tramite esta ley en el Parlamento.
Para la formación nacionalista, el Ejecutivo vuelve a aplicar una "doble vara de medir", puesto que mientras negocia con el lendakari vasco, Imanol Pradales, y acuerda dos reuniones antes de abril para avanzar en la cesión de la gestión aeroportuaria a Euskadi, a Galicia "se le impide siquiera debatir" esta posibilidad en el Congreso.
"El problema no es jurídico, es político. Cuando hay voluntad, se negocia; cuando se trata de Galicia, se veta" denuncian desde el partido, que exige al Gobierno retirar su veto y permitir "un debate democrático en igualdad de condiciones".