La Asociación de Centros Especiales de Empleo de Galicia expresa su preocupación por la modificación de la Ley 5/2011 de Economía Social, que ahora reconoce únicamente a los centros especiales de empleo de iniciativa social, que representan el 50% del sector en Galicia.
El presidente de ASPAIS, José Ramón Dourado Lema, señala que esta exclusión "supone un riesgo real para miles de trabajadores con discapacidad", ya que los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial emplean a 2.267 personas en la comunidad.
Indica que la prioridad debe ser proteger el empleo de las personas con discapacidad y evitar cualquier discriminación basada en la titularidad de los centros especiales de empleo.
Un cambio legislativo que fractura el equilibrio del trabajo protegido.
Ahora, la Ley 5/2011 se extiende a todos los CEE de la Economía Social. La nueva redacción del artículo 5 limita esta consideración únicamente a los centros de iniciativa social, lo que, como indica Dourado, crea una distinción innecesaria y debilita a un sector que busca crear empleo estable y adaptado para personas con discapacidad.
El presidente de ASPAIS afirma que solo una de cada cuatro personas con discapacidad con capacidad para trabajar tiene la oportunidad, y advierte que cualquier medida que reduzca la capacidad del sector contradice el interés general y dos principios de inclusión, que deben guiar las políticas públicas.
El impacto en Galicia afecta directamente a 69 centros especiales de empleo y 2.267 trabajadores con discapacidad.
En el Registro de CEE de la Xunta de Galicia hay 138 centros cualificados, y los centros de emprendimiento representan el 50% de ellos, siendo los que más están creciendo y los que tienen mayor vínculo con el territorio. El nuevo marco legislativo que dio lugar a la aprobación de la Ley Integral de Fomento de la Economía Social no ofrece alternativas a este objetivo del sector empresarial que emplea a más de 2.000 trabajadores con discapacidad.
Dourado advierte que esta exclusión de la Economía Social afectaría directamente el acceso a ayudas, subvenciones y programas de apoyo, comprometiendo gravemente la viabilidad de muchos centros y, con ella, la estabilidad laboral de miles de trabajadores con discapacidad. Afirma que no se puede permitir que una decisión administrativa deje sin protección a más de un tercio del empleo protegido en Galicia.
La Asociación de Centros Especiales de Empleo de Galicia solicita al Gobierno de España y a la Xunta de Galicia que inicien un proceso de diálogo con el sector para evitar daños irreversibles y un impacto social que consideran innecesario y profundamente injusto.
También cree que la inclusión laboral debe estar por encima de cualquier etiqueta legal y que el compromiso es claro: defender todos los empleos protegidos en Galicia.
En Galicia, los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial pagan salarios más altos al aplicar los convenios sectoriales de la actividad que desarrollan. La desaparición de estos centros especiales de empleo perjudicaría a las personas con discapacidad, ya que solo podrían acceder a centros sin ánimo de lucro, pero con una remuneración menor.