El Tribunal de Instancia de Ourense ha archivado la pieza de la Operación Pokémon en la que se investigó al exalcalde socialista Francisco Rodríguez, a un edil del BNG, Fernando Varela, y al exjefe de la Policía Local, Abelardo Ulloa.
En concreto, en un auto con fecha de este 5 de enero, el magistrado de la plaza 1 de la Sección de Instrucción concluye que no hay indicios de que los investigados recibiesen "distintas cantidades de dinero a cambio de favores que pudieran favorecer a la mercantil Vendex".
"Ninguna prueba se ha practicado a lo largo de la presente instrucción a la hora de acreditar la realidad de tales afirmaciones, más allá de la declaración prestada en sede judicial por dos coinvestigados", explica el juez.
Al tiempo subraya que "dichas declaraciones no se consideran suficientes para poder fundar un escrito de acusación, al no estar acompañadas de indicios objetivos que permitan corroborar tales afirmaciones, especialmente si se tiene en cuenta que los tres investigados negaron, en las declaraciones prestadas en sede judicial, haber recibido cualquier cantidad a cambio de favores relacionados con su actividad profesional".
En el auto, el magistrado incide en que "el hecho de que alguno de los coinvestigados haya viajado a Ourense en un momento determinado no justifica que dicho viaje lo fuera con la intención de entregar una determinada suma de dinero a alguno de los investigados".
Además, recalca que "toda la documentación obrante en las actuaciones fue elaborada desde la mercantil Vendex, pero no consta que luego se vea corroborada con efectivas entregas de metálico a autoridades ourensanas o que las mismas hayan provocado algún tipo de favorecimiento por parte de autoridades ourensanas hacia la empresa".
El auto no es firme, pues cabe presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
La Operación Pokémon, una macrocausa judicial en la que se vieron salpicados numerosos políticos fue iniciada en 2012 por la entonces titular del Juzgado de Instrucción número uno de Lugo Pilar de Lara, quien posteriormente fue apartada del juzgado por dilaciones indebidas.
A raíz de ella solo fue condenado el que fue concejal socialista del Ayuntamiento de Lugo y presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil Francisco Fernández Liñares.