El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha demandado reformas procesales y orgánicas, así como mayor especialización y medios materiales en la lucha contra el narcotráfico.
Así lo ha reivindicado en la apertura del II Congreso de Legislación Antinarcotráfico que se celebra este jueves y viernes en la Academia Galega de Seguridad Pública (AGASP), en la localidad pontevedresa de A Estrada.
En su intervención, Fernández ha incidido en la necesidad de "garantizar la especialización" en los órganos judiciales y de contar con "más medios", señalando que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya puso de manifiesto en distintas ocasiones "la situación insostenible de algunos juzgados".
Junto a esas reformas, el magistrado ha insistido en que también son necesarias "reformas procesales", ha añadido, "sin disminuir un ápice las garantías actuales" para "luchar eficazmente contra la droga".
Asimismo, ha mostrado su reconocimiento a los que trabajan en primera línea, así como a las organizaciones cívicas como la Fundación Galega contra o Narcotráfico "que ayudan a mantener el interés social ante un problema que atañe a todos".
Del mismo modo, ha trasladado el "compromiso" de todos los que forman parte de la Audiencia Nacional para la "persecución y el castigo del narcotráfico". "Los magistrados, fiscales, letrados y fiscales y funcionarios de la Audiencia Nacional queremos poner de manifiesto que no estamos dispuestos a cesar ante esta terrible forma de criminalidad", ha aseverado.
UN MOMENTO "COMPLEJO Y DELICADO"
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatostes, ha reconocido que se vive un momento "complejo y delicado", en un contexto con "sobreproducción mundial de drogas, introducción de nuevas sustancias más lesivas y la ampliación de los canales de distribución"
Todo ello, ha afirmado, configura un escenario "preocupante" en el que la violencia "se intensifica" e incluso "pone en riesgo la seguridad".
Así, ha puesto en valor la labor "silenciosa, rigurosa y ejemplar" de los órganos judiciales de Galicia, especialmente, ha dicho, Vilagarcía de Arousa y Cambados, que cuentan "medios limitados".
Para combatirlo, ha defendido que se necesita "una respuesta integral", pero también "una firme condena social". "No podemos tolerar que el delito sea rentable y que las penas impuestas no respondan a la realidad del daño causado".
Desde un punto de vista procesal, Picatostes ha subrayado que no se puede "seguir en una línea que permita una brecha entre los medios de los delincuentes y los medios policiales y judiciales".
En esta línea, se ha mostrado convencido de que este congreso permitirá "avanzar hacia una estrategia más coordinada y moderna" ante una lucha que "no admite complacencias ni pausas".
En la apertura también ha participado el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, que ha manifestado que el narcotráfico se trata de "un problema de seguridad de primer orden" que "pone en peligro el bienestar social".
A su vez, ha insistido en que "no se puede mirar hacia otro lado" ante una "lacra" que en los años 90 "abatió a la sociedad gallega y que últimamente vuelve a cobrar fuerza".
Por todo ello, el responsable autonómico ha reafirmado el "compromiso" de la Xunta en la lucha contra esta actividad, mencionando algunas de las acciones llevadas a cabo desde el Gobierno gallego para "un esfuerzo que merece la máxima colaboración".
Asimismo, el general jefe de la Guardia Civil de Galicia, Miguel Ángel González, ha destacado el "incremento en volumen" y la "sofisticación técnica" del narcotráfico, con alianzas internacionales y convirtiéndose en "una de las grandes amenazas" en el país.
Mientras, el presidente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico ha aprovechado su intervención para pedir a los distintos representantes políticos presentes en este congreso que se ponga esta problemática "en la agenda política, pase lo que pase y gobierne quien gobierne".
El congreso contará durante este jueves y viernes con diferentes ponencias y mesas de debates en las que participarán magistrados, fiscales, policías, guardias civiles y representantes políticos.