Los ayuntamientos gallegos se muestran "expectantes" y "esperanzados" con los cambios que habrá en 2026 en su financiación local, toda vez que está pendiente la aprobación, a mediados de año, de la nueva ley de administración local.
Así lo ha expresado el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), Alberto Varela, en declaraciones a los periodistas en su despacho después de acudir a la sede de la Xunta a reunirse con los conselleiros de Presidencia, Diego Calvo, y de Facenda, Miguel Corgos.
La Xunta, por su parte, ha reivindicado que reforzará el fondo de cooperación local en las cuentas para 2026 hasta los 187 millones de euros, según sus números. "Un incremento cuatro veces por encima de la regla de gasto", resalta.
En concreto, Corgos, en su comparecencia ante la prensa con Calvo, ha subrayado que el incremento de esta dotación es de casi un 12% con respecto a la partida para 2025, que fue de 168 millones.
El titular de Facenda ha llamado la atención también sobre la creación de "un fondo adicional con 59 millones de euros" que, según la consellería, está "destinado a blindar la financiación de la futura ley de administración local".
Por su parte, Diego Calvo ha explicado que una vez aprobada dicha ley entrarán en vigor los criterios recogidos en la nueva norma. Así las cosas, el que viene es un año "de transición" durante su tramitación y se aplicará "un régimen transitorio" como una salvaguarda para todos los ayuntamientos, "de manera que no se reduzcan los fondos pese al cambio de criterios".
El comunicado de la Xunta y ambos conselleiros han indicado que se tendrán en cuenta las propuestas que la Fegamp lleva años realizando, motivo por el que Alberto Varela ha mostrado su "expectación" y "esperanza".
Por su parte, la Xunta afirma llevar también "años reclamando" al Gobierno central la definición de un nuevo modelo de financiación local que tenga presente las características de la comunidad, como dispersión geográfica y envejecimiento, y que esa negociación se realice de forma paralela a la de la financiación autonómica.
Mientras dure el periodo transitorio, el fondo básico seguirá situado en 112 millones de euros, a los que se suma una cuantía de 6 millones para repartir entre ayuntamientos de menos de 15.000 habitantes.