El Gobierno central ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la declaración de zona de mercado residencial tensionado en un total de 23 municipios españoles. Entre ellos está A Coruña, que por tanto desde este miércoles se convertirá oficialmente en la primera ciudad gallega con esta condición.
Además, el departamento que dirige Isabel Rodríguez prevé que "pronto" se incluyan en el listado Santiago de Compostela --aunque el proceso podría dilatarse todavía meses, porque la Xunta requirió al Ayuntamiento una subsanación de documentación-- y municipios de Asturias y más de Euskadi.
A Coruña será el primer municipio de Galicia que podrá controlar los precios del alquiler. El gobierno local solicitó la declaración en marzo y a finales de mayo recibió el visto bueno de la Xunta.
Ahora, el Ministerio de Vivienda ha verificado que cumple con los requisitos legales y lo ha publicado en el BOE, por lo que la declaración de zona tensionada entrará en vigor este miércoles por un período de tres años.
La declaración de zona del mercado residencial tensionado permite poner tope a los alquileres en zonas donde los incrementos de años anteriores hayan sido desproporcionados. Este mecanismo limita los precios de los nuevos contratos de arrendamiento, que tendrán que "estar ajustados al precio del contrato anterior", e incluye bonificaciones fiscales para los propietarios que rebajen la mensualidad a sus inquilinos.
Del mismo modo, se establece para estos municipios un índice de precios para el alquiler que "todos aquellos grandes tenedores de vivienda están obligados" a seguir en sus contratos.
La declaración también obliga a que las administraciones ejecuten un plan de medidas para incrementar la oferta de alquiler y que en el plazo de tres años la situación de alza de precios pueda ser revertida.
Fuentes del Ministerio sostienen que la ley estatal de vivienda del año 2021 "funciona" y pone el ejemplo en Barcelona, donde --según sus cifras-- el alquiler medio ha bajado un 8,9%. En toda Cataluña, se ha reducido un 4,7% y se firmaron 11.807 contratos nuevos.
Asimismo, defienden que la aplicación de zonas tensionadas "favorece a los inquilinos" al limitar los arrendamientos, "pero también a los pequeños propietarios que son buenos caseros y ponen sus propiedades en alquiler respetando el índice de referencia". De hecho, se pueden deduciar hasta un 90% de lo que ingresen si bajan el precio un 5%.
Por todo ello, el Ministerio de Vivienda no entiende "el rechazo y el boicot" de las comunidades autónomas del PP, como Galicia, a la ley.
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha celebrado la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la declaración de la capital herculina como zona de mercado residencial tensionado y ha pedido a la Xunta "lealtad institucional, respeto institucional y cooperación", así como "colaboración" para aplicar las medidas que permite la normativa.
En declaraciones a los medios, la regidora ha valorado que A Coruña sea la primera ciudad de Galicia en obtener esta declaración, que llega, ha apuntado, después de "muchos meses de trabajo, diálogo y análisis" ante una situación "complicada" del mercado del alquiler.
En esta línea, Inés Rey ha reconocido que resulta "prácticamente imposible" poder alquilar una vivienda en la ciudad, lo que ha llevado a tomar esta decisión que hoy se culmina como "una decisión que transforma la vida de la gente".
En este sentido, ha agradecido a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con quien ha hablado este mismo martes, su apoyo para "poner en el centro del debate la vivienda" y por "articular una batería de medidas que den solución a lo que hoy es un problema", pero en lo que, ha añadido, "hay que trabajar para que mañana siga siendo lo que siempre fue: un derecho".
Además, ha aprovechado para demandar a la Xunta "lealtad institucional, respeto institucional y cooperación y colaboración a la hora de aplicar las medidas", que, tal y como ha recordado, "tienen una duración determinada" y estarán vigentes hasta el año 2028.
Así, ha instado a la Xunta a que "no entorpezca ni torpedee" y "arrime el hombro para poder seguir avanzando" en medidas para "poder garantizar el derecho a la vivienda".