La Federación Galega de Transportes de Mercancías (Fegatramer) presentará demanda en septiembre en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de lTribunal Supremo (TS) para reclamar la nulidad de las dos prórrogas concedidas en 1994 y 2000 por el Gobierno español en la concensión a Audasa de la autopista AP-9, la última de las cuales está vigente hasta 2048.
En rueda de prensa en Santiago este jueves, el presidente de Fegatramer, Ramón Alonso Fernández, ha explicado que se busca "recuperar jurídicamente esa autopista" y que "de una vez sea gratuita". Por ello, presentan denuncia contra las decisiones del Consejo de Ministros que habilitaron estas prórrogas.
El secretario general de Fegatramer, Carlos García Cumplido, ha avanzado que la intención es también que, en el supuesto de que se anulen estas prórrogas, se pedirá que se abonen los peajes pagados de forma "indebida" durante los últimos años.
Apuntan que la AP-9 registra unos 60.000 vehículos diariamente, de los cuales unos 4.000 son de transportes que soportan estos peajes.
García Cumplido incide en que se toma esta decisión ante la "pasividad" del Gobierno central. "No tenemos muy claro qué va a hacer", afirma. Denuncia el "pelotazo" supusieron estas prórrogas, el cual "están pagando todos los ciudadanos de Galicia".
Así, deja claro que este proceso judicial es independiente de lo que resuelva finalmente la Comisión Europea, que dictaminó que la prórroga de la concesión de la AP-9 vulneró las reglas de la UE en materia de contratación por no haber libre concurrencia.
Fegatramer, que calcula que el Supremo puede emitir fallo en un plazo de unos cuatro años, añade que esta nulidad "puede ser importante" en el caso de que se realice el traspaso de competencia de la autopista a Galicia para que "venga limpio", sin "una carga importante".
La Comisión Europea envió un ultimátum al Gobierno para que enmiende las irregularidades por las que fueron prorrogadas las concesiones de los peajes en las autopistas AP-66 y Ap-9 y que, a ojos de Bruselas, vulneran las reglas de la UE en materia de contratación pública y de concesión de autopistas. Un asunto que, de no resolverse en el plazo de dos meses, los servicios comunitarios podrán elevar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).