Los consejeros de Sanidad de la Xunta de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, y del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, han firmado este miércoles un protocolo "pionero" para colaborar en la compra pública agregada y ser "mucho más eficaces y mucho más eficientes" en la gestión sanitaria.
Esta estrategia, también conocida como contratación agregada, consiste en congregar la demanda de diferentes entidades públicas para adquirir bienes o servicios de manera conjunta. Esto permite negociar mejores condiciones con los proveedores, aprovechando el volumen de la demanda, es decir, adquirir productos entre varias comunidades autónomas para ganar eficiencia en la adquisición de los mismos, tanto en lo referente al precio como en procedimientos.
Los responsables autonómicos de la sanidad gallega y aragonesa han rubricado este acuerdo en el marco del Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, organizado por la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) y la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), que se celebra en Zaragoza del 28 al 30 de mayo.
Gómez Caamaño ha elogiado el trabajo de "muchos meses" de los equipos de ambas consejerías para llegar a la firma de este protocolo, así como el "espíritu de colaboración" entre las dos autonomías.
"Creemos que, con la intención de hacer los sistemas sanitarios más eficientes, más sostenibles y también más equitativos, es importante tener estas maneras innovadoras de gestionar lo que es la compra pública", ha remachado.
Del mismo modo, el titular de Sanidad de la Xunta ha afirmado que Aragón y Galicia son "pioneros en España" en la compra pública agregada, que tiene "mucho recorrido por delante".
Por su parte, el consejero aragonés, José Luis Bancalero, ha destacado el carácter "pionero" de este acuerdo, que es "un claro ejemplo de lo que es la transformación que se está buscando en el sistema".
Una transformación, ha continuado, que tiene que llevar a los gestores a optimizar los recursos y, sobre todo, a generar un "ecosistema de bienestar" y a la sostenibilidad en el ámbito sanitario.
En este sentido, Bancalero ha señalado que el protocolo permitirá a los sistemas sanitarios aragonés y gallego no sólo la adquisición conjunta de productos, sino también de servicio, de manera que puedan negociar su adquisición "en mejores condiciones".
De igual manera, permitirá a ambas comunidades intercambiar protocolos, guías de actuación e, incluso, determinadas fórmulas que puedan ir mejorando en el futuro. "Estamos seguros de que dará muy buenos resultados", ha asegurado.
El consejero de Sanidad de Aragón ha resaltado el entendimiento y la "colaboración fluida" entre los dos gobiernos, que han sido "pioneros", pero que no se cierran a que "otras comunidades puedan adherirse".
Ha recordado que este asunto ya se abordó el pasado 15 de enero en una primera reunión entre los jefes de ambos ejecutivos autonómicos en una visita del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a Zaragoza. A partir de ahí, un equipo del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón se desplazó a territorio gallego y, desde entonces, "han sido todo facilidades".
Bancalero ha reconocido que "todavía queda mucho trabajo por detrás" y ha reiterado que tienden la mano a cualquier otra comunidad autónoma "que considere que este modelo va a dar resultados".
En cuanto a los ámbitos concretos para llevar a cabo esta colaboración, ha indicado que están pendientes de definirlos, pero que afectará a "cualquier servicio que tenga su ámbito de aplicación en un sistema sanitario".
Tampoco han concretado el ahorro que podría suponer para las arcas públicas gallegas y aragonesas esta compra pública agregada ya que "depende del tipo de producto o servicio". "Puede ser de un medicamento muy barato a tecnología muy cara", ha explicado el consejero de la Xunta, quien ha precisado que, en cualquier caso, "siempre va a haber ahorro".
Así, Gómez Caamaño ha abogado por "empezar por cosas sencillas" e ir haciendo viable este sistema "poco a poco", porque "es muy innovador" y "no hay experiencias conocidas al respecto". "El tiempo dirá hasta dónde podemos llegar", ha concluido.
El protocolo, que tiene una duración de cuatro años prorrogables por otros cuatro, establece la formación de una comisión de seguimiento de este acuerdo y tiene como objetivos impulsar el estudio de posibles licitaciones que de forma conjunta y agregada se puedan realizar en el ámbito sanitario, así como intercambiar información sobre la previsión de implantar nuevos procedimientos y métodos organizativos sobre compra pública.
Los dos departamentos también acuerdan compartir protocolos, guías de actuación o software que cada entidad haya desarrollado y que pueda ser de utilidad a la otra, respetándose en todo caso la propiedad intelectual e industrial, así como la organización conjunta de jornadas, eventos formativos y el intercambio de buenas prácticas.