La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha sostenido que el Gobierno no incluirá a Altri en los beneficiarios de fondos europeos asociados al PERTE de descarbonización, alegando que no apoyarán "ningún proyecto que ponga en riesgo a la población".
"No apoyaremos ningún proyecto que ponga en riesgo a la población, la naturaleza, nuestro ecosistema o la vida misma. Siempre lo hemos dicho alto y claro: ¡Altri non! Y hoy lo decimos también en el Gobierno", ha afirmado un mensaje en la red social 'Bluesky', compartiendo una noticia de 'elDiario.es' que asegura que el Ejecutivo deja a Altri fuera de las ayudas por descarbonización que pidió para instalarse en Galicia.
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, también ha celebrado la decisión del Gobierno. "La movilización ciudadana valió la pena. Desde Sumar hemos sido claros: un proyecto que pone en riesgo nuestro medio ambiente no es una salida laboral para nuestro país", ha escrito en la misma red social.
Según la información de 'elDiario.es', Altri no se va a ver beneficiada de los fondos europeos asociados al PERTE de descarbonización que tramita el Ministerio de Industria. La compañía portuguesa solicitó 30 millones de fondos europeos para la puesta en marcha de macrocelulosa en Palas de Rei (Lugo) y argumentaba su contribución a la descarbonización.
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ya reiteró que su departamento tramitaría el proyecto de el de Altri "como cualquier otro proyecto industrial" y lo hará "con plena objetividad". "Quiero reiterar que, en nuestro caso, como Ministerio de Industria, nos toca gestionar y tramitar los expedientes que nos llegan. Son actos reglados", destacó en declaraciones a los medios el pasado mes de marzo.
Por su parte Altri asegura que no ha recibido todavía "comunicación oficial" por parte del Ministerio de Industria de que no tendrá ayudas del Perte de Descarbonización Industrial para su proyecto en Palas de Rei (Lugo). No obstante, anuncia que recurrirá esta exclusión, al tiempo que garantiza que el proyecto "sigue su curso" aunque no reciba este apoyo.
Así se expresa la compañía, en un comunicado este miércoles, después las palabras al respecto de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Por su parte, Greenfiber --filial de la multinacional lusa Altri asociada con la energética Greenalia-- explica que la participación en esta convocatoria del Perte "se produjo con pleno conocimiento de que, en el marco de los compromisos asumidos ante la Comisión Europea, que contemplan que los proyectos candidatos se deben haber completado antes del 31 de marzo de 2026, Gama (nombre de la fábrica) no podría ser elegible por razones de plazo a excepción de que, tal y como se trasladó a la empresa, el Gobierno español consiguiera acordar con la Comisión Europea una prórroga, considerando que había más proyectos que se encontraban en la misma situación de incumplimiento del plazo de ejecución". "A día de hoy, no nos consta que la Comisión Europea haya aprobado esa prórroga", agrega.
Por ello, recurrirá la resolución del Ministerio de Industria, "en la confianza de que el Gobierno de España pueda alcanzar un acuerdo con la Comisión Europea para la ampliación del plazo de ejecución y se tomen en consideración las alegaciones de la compañía".
"En cualquier caso, la decisión de continuar con el proyecto nunca ha estado supeditada a la inclusión de Gama en el Perte de Descarbonización Industrial", deja claro. Altri indica que esa "es una más de las vías que la empresa está explorando para articular la estructura financiera del proyecto y reducir el riesgo de la inversión inicial, que supera los 1.000 millones de euros, asociado al uso de nuevas tecnologías y a un elevado nivel de innovación, no para sufragar los costes operacionales del proyecto". "Por lo tanto, la no obtención de esta ayuda no altera la hoja de ruta prevista", sentencia la compañía.
Este polémico proyecto de una fábrica de fibra textil a base de celulosa, que ha provocado multitud de protestas en Galicia para denunciar sus posibles impactos, recibió el pasado mes de marzo la declaración ambiental por parte de la Xunta al considerar que es viable. La empresa ha expresado que quiere 250 millones de ayudas públicas con una inversión de cerca de 1.000 millones.
Con todo, Altri incide en que el proyecto "sigue su curso", avanzando en los próximos trámites como la Autorización Ambiental Integrada, "así como en la identificación de otros instrumentos de financiación pública ya utilizados anteriormente por el Gobierno de España para otros proyectos industriales y que, como este, también destacan por su enfoque específico en proyectos con alto impacto en descarbonización e innovación tecnológica".