El Ministerio Público ha presentado un escrito de acusación contra el alcalde del Ayuntamiento coruñés de Sada, Benito Portela (Sadamaioría), por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de infidelidad en la custodia de documentos. Lo hace respecto a multas que no se habrían impuesto a distintos locales hosteleros entre los años 2018 y 2020 pese a incumplir éstos los horarios de cierre.
Por ello, Fiscalía solicita para el regidor una pena de tres años de prisión y 18 de inhabilitación para ejercer cargo público alguno. Asimismo, la entonces concejala de Seguridad Local, Pilar Taibo, se enfrenta a tres años de cárcel y doce de inhabilitación.
"Estamos convencidos más que nunca de que no cometimos ningún ilícito penal, esperamos que la Justicia haga su trabajo y que la verdad salga a la luz", ha asegurado Portela, en declaraciones a Europa Press. "Tanto la concejala como yo estamos muy reforzados y muy confiados gracias a todo el apoyo que estamos recibiendo", ha añadido.
El caso tiene su origen en una denuncia presentada por el jefe de la Policía local de Sada, en aquel momento, ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Betanzos por no tramitar, según la misma, multas a establecimientos hosteleros del municipio por incumplimientos.
A este respecto, el Ayuntamiento de Sada, en un comunicado emitido este viernes, apunta que esta denuncia fue interpuesta por el agente "once días después de ser cesado por el gobierno como jefe accidental de la Policía local". En el mismo, Sadamaioría insiste en que están "absolutamente convencidos" de la "inocencia" del alcalde y la exconcejala y expresa "plena confianza en la Justicia".
En su escrito de calificación, el Ministerio Fiscal apunta que los acusados "en parte del período de tiempo que estuvieron al frente del Ayuntamiento, concretamente entre 2018 y 2020, recibieron con sello de recibí y mediante su firma un número importante de denuncias de la Policía local a establecimientos de hostelería de Sada por presuntas infracciones administrativas".
"Ambos encausados de común acuerdo y plenamente conscientes de que con ello vulneraban el correcto funcionamiento de la Administración Pública ocultaron" todas estas denuncias, según añade, "para omitir la tramitación del correspondiente expediente administrativo encaminado a valorar y, en su caso, sancionar a los establecimientos afectados".
Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos y de prevaricación administrativa.