El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, ha criticado la inacción del Ejecutivo respecto de la situación de Alcoa, que considera "bloqueada" por parte del Gobierno central, que "no está reaccionando para cerrar la venta".
En la presentación este sábado del Encontro Nacional de Deseño en el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), el conselleiro ha apostado por la opción de la intervención temporal pública. "Es el camino para que, a partir de ahí, Alcoa pueda dar una respuesta, ya que no quiere continuar con la producción en Galicia", ha defendido.
Conde ha insistido en que "se tiene que producir un entendimiento" entre Alcoa y el Gobierno. "No podemos esperar más tiempo. No podemos permitir que, en estos momentos de incertidumbre, siga habiendo inacción por parte del Gobierno y de Alcoa", ha criticado, tras lo que ha destacado que la Xunta "seguirá del lado de los trabajadores".
El responsable del departamento autonómico también ha abordado la situación que atraviesa Ence. A este respecto, Conde se ha mostrado "sorprendido" por la posición del Gobierno, que "no quiere admitir la evaluación de la propuesta de los trabajadores y de la Xunta; no quiere escuchar el dictamen que el consejo consultivo tiene pendiente de emitir" sobre la adscripción de los terrenos de Ence al Puerto de Marín.
"Entendemos que por un ejercicio de prudencia y compromiso, el Ejecutivo debería esperar a ese dictamen para ver si hay viabilidad desde el punto de vista jurídico", ha indicado.
Conde no ve "razonable" que "la misma abogacía del Estado que se allanó en la demanda, ahora por una interpretación de una situación comparativa de hace más de 15 años, se pueda tomar ese posicionamiento", ha recalcado, con lo que, según considera, el Gobierno sigue "con la hoja de ruta de cerrar Ence".
De esta forma, ha recalcado, la Administración estatal atiende al Ayuntamiento "y no las demandas de los trabajadores, del sector foestal y logístico y de las 5.000 familias que están pendientes de una decisión", una decisión que la Xunta entiende que presenta "viabilidad jurídica".
"Nos parece razonable que todos los actores asumamos ese dictamen y veamos si hay viabilidad jurídica y legal para mantener la actividad en su ubicación actual, dando respuesta a lo más importante, el empleo", ha asegurado.