El Tribunal Supremo ha fallado a favor de la Junta de Castilla y León y ha condenado al Estado a pagar a la Comunidad los 182 millones correspondientes a la liquidación del IVA de 2017. Se trata de una sentencia, la primera dictada en España, que abre la vía a recursos de otras autonomías en la misma situación, entre ellas Galicia, y que podría suponer el pago de hasta 4.150 millones de euros.
En concreto, la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección de los Servicios Jurídicos, interpuso un recurso contencioso-administrativo el 25 de septiembre de 2020, después de que el Consejo de Ministros desestimara por falta de respuesta la reclamación del pago de las cantidades debidas a la Junta de Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación del ejercicio 2017 correspondientes al IVA, que sumaban 182 millones de euros.
El popular Alberto Núñez Feijóo también planteó esta demanda hace algo más de un año y, de hecho, la reivindicación del pago de 200 millones del IVA correspondientes a una mensualidad de 2017, llegó a la vía judicial mediante la presentación de una demanda ante el Tribunal Supremo. Con este fallo el Tribunal Supremo "reconoce" la "importancia" de la prueba aportada por los Servicios Jurídicos en el recurso y abre el camino a otras comunidades que se encuentran en la misma situación.