Xunta y Gobierno mantienen las diferencias con respecto a la ley gallega de salud

La Xunta y el Gobierno central han acordado iniciar los trámites para convocar la comisión bilateral de cooperación en la que se tratarán de clarificar las discrepancias surgidas sobre la Ley de Salud de Galicia. Las conversaciones técnicas de este lunes no han logrado aproximar posturas, por lo que el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) que impulsa el Estado seguirá su tramitación.

Así lo ha ratificado la Xunta en un comunicado en el que explica que el Ejecutivo central trasladó al autonómico su intención de no retirar el recurso de inconstitucionalidad que está pendiente de ser admitido a trámite por el alto tribunal.

Y es que estos contactos técnicos se han producido horas antes de que el pleno el Tribunal Constitucional se reúna, a partir de este martes, con un orden del día en el que se incluye el recurso con petición de suspensión presentado por el Gobierno central contra el artículo 38 de la normativa gallega y que, de ser admitido a trámite, dejaría sin efecto este apartado que aglutina el grueso de las medidas.

Fuentes del TC han confirmado que la admisión a trámite del recurso del Gobierno, anunciado el 30 de marzo, figura en el orden del día, pero la decisión puede dilatarse hasta el jueves.

De ser admitido a trámite, el artículo 38, que fundamentalmente es lo que el Consejo de Estado avaló al Gobierno, quedaría suspendido y, por ende, serían también inaplicables las sanciones recogidas en el artículo 41 y siguientes vinculadas a las medidas recogidas, según han explicado fuentes conocedoras del recurso.

La Xunta lamenta que se "descarte levantar la suspensión" y afirma que "lamenta y no comparte" esta decisión del Gobierno central "sin que se lleve a cabo una negociación previa en el marco de la comisión bilateral" y considera que "se produce así un trato discriminatorio frente a otras comunidades que regularon cuestiones que recoge la Ley de Salud de Galicia con una norma con rango de ley".

Pese a todo, sostiene que mantiene la voluntad de "debatir y avanzar en este tema". De hecho, el Gobierno gallego confía en llegar a aun acuerdo y ha vuelto a defender la necesidad de una norma como esta que ofrezca un marco legal para luchar contra la pandemia y que, bajo su punto de vista, "no garantiza" el Ejecutivo estatal, sobre todo una vez que se levante el estado de alarma el 9 de mayo.

La Xunta defiende que su ley se elaboró "de acuerdo a los criterios de los técnicos jurídicos" autonómicos y de los marcos constitucionales, con el objetivo de "actuar con garantías" en la crisis sanitaria.

También recuerda que el Consejo de Estado sugirió en su informe sobre esta norma la conveniencia de que el propio Gobierno adecuase su legislación para la pandemia, además de "avalar" la constitucionaidad "de cinco de los seis apartados de ley gallega".