La Abogacía del Estado ha realizado la petición después de que por parte de los Franco se trasladase la intención proceder a la mudanza de los bienes que hay en el interior. A instancias del Estado, el juzgado acordó la ejecución provisional de la sentencia que declara al Pazo de Meirás propiedad pública y condena a los Franco a su devolución.
La magistrada fijó la entrega voluntaria del inmueble por parte de la familia Franco el 10 de diciembre, a las 11 horas, bajo verificación de una comisión judicial. Tras esta decisión, los Franco se mostraron conformes con la ejecución provisional de la sentencia, a la espera de que la Audiencia Provincial de A Coruña se pronuncie sobre su recurso de apelación.
Paralelamente a las medidas cautelares que plantee la Abogacía del Estado, de cara a la protección de los bienes en el interior del inmueble, la Delegación del Gobierno ha establecido en Meirás un dispositivo de la Guardia Civil para vigilar las entradas y salidas que se puedan producir.